Todos los sábados desde principios de año, miles de personas salen a la calle en Israel para protestar contra la reforma del sistema judicial, que planea dotar al gobierno de plenos poderes y poner al poder judicial bajo supervisión. La reforma llega en un momento en que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha sido imputado en tres causas penales.
De nuestro corresponsal en Jerusalén, Sami Boukhelifa.
Ya no es necesario fingir. Yariv Levin, ministro de Justicia, puso las cartas sobre la mesa y reconoció públicamente que existe un vínculo entre el juicio contra Benjamin Netanyahu y la reforma de la justicia. «Con la triple acusación contra Benjamín Netanyahu», dijo, «los israelíes han tomado conciencia de que hay problemas que deben resolverse».
Entiéndase: esta reforma pretende salvar a Netanyahu de sus problemas con la ley. Todo ello en nombre de la democracia. Porque, explicó Yariv Levin, «Al votarnos, el pueblo nos ha dado el mandato de representarle».
En detalle, la reforma del sistema judicial, deseada por el nuevo gobierno, le permitirá no sólo nombrar a los jueces, sino también tener derecho de veto contra sus decisiones. Se acabó el equilibrio entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial: la política se convierte en todopoderosa y lo controla todo.
Equilibrio de poder amenazado
«Están destruyendo la democracia, porque Netanyahu quiere nombrar a los jueces que decidirán su destino», denuncia la oposición. Hasta ahora, el partido del primer ministro había rechazado cualquier relación entre la reforma de la justicia y el proceso contra su líder, acusado de corrupción.
De aprobarse esta reforma, se alterará el equilibrio de poder. El Parlamento israelí, compuesto por una mayoría de partidos de derecha, extrema derecha y religiosos, ganará en poder, en detrimento del poder judicial.
Hasta entonces, el Tribunal Supremo israelí actúa como salvaguardia. En Israel, donde no hay Constitución, el Tribunal Supremo puede derogar leyes aprobadas por el Parlamento si las considera contrarias a las leyes fundamentales del país. Pero si se aprueba la reforma, los diputados dispondrán de una cláusula de «anulación»: les permitiría, con una mayoría simple de votos, anular las decisiones del Tribunal Supremo.
