El abogado de Pablo Rivero, Marco Antonio Cardozo indicó a El Andaluz que tuvo conocimiento a través de medios de comunicación de la denuncia presentada por Pablo Pérez ante la Fiscalía por supuestas irregularidades en el acta de revocatorio para los asambleístas departamentales y regionales del pueblo indígena.
Señaló que en la denuncia se menciona una supuesta falsedad ideológica, que se habrían falsificado firmas, en el acta de revocatorio, se habría hecho firmar a personas fallecidas y a menores de edad.
El profesional explicó que para que se tenga la figura de falsedad ideológica, necesariamente se tiene que tener un perjuicio material y concreto.
Para que se adecue a la figura legal, más allá de lo que se explica en el memorial o el sustento que se pueda tener, dijo que tiene que haber prueba material, en concreto sobre el daño que se habría ocasionado.
En el documento de denuncia, dijo que no se pudo ver pruebas sobre el daño ocasionado, debe ser una cuestión material, que se haya provocado algún daño, de manera ofensiva o lesiva, a la persona que supuestamente se ha afectado.
Es decir, de quién se habría falsificado la firma, en el caso de las personas fallecidas, los hijos o algún familiar afectado, en el caso de los menores de edad, os padres, son ellos los que tendrían que presentar una acción legal por el daño o perjuicio de esa supuesta falsificación.
Sobre el uso de instrumento falsificado, dijo que se tiene que tener una sentencia firme, ejecutoriada previa para que recién se proceda con esa figura legal, la idea por un proceso por un delito de falsedad.
No encuentro mucha relación”, expresó Cardozo sobre el memorial presentado a la Fiscalía con la denuncia de supuestas irregularidades en el acta de revocatorio.
Pide investigar como se consiguió la información de los que firman el acta
El abogado dijo que la Fiscalía también debería investigar como se consiguieron los datos para presentar la denuncia, de cada un de las personas que firman el acta de revocatorio con su número de cédula.
Remarcó que ese trabajo no se lo hizo en las comunidades indígenas, por lo que se lo tuvo que haber obtenido del sistema del Servicio de Registro Cívico, lo que implicaría una manipulación informática, lo que vendría a romper la validez del padrón electoral, sería un tema mucho más grave, aseguró.
