Después de casi cuatro años de lucha legal, la jueza de Apolo, Gabriela Luizaga, será restituida en su cargo tras una destitución que, según denuncias, fue impulsada por corrupción y represalias.
Luizaga fue destituida en 2022 por presuntamente haber abandonado su despacho mientras tenía baja médica debido a un tratamiento contra el cáncer. Las autoridades del Consejo de la Magistratura, lideradas entonces por Marvin Molina, la sancionaron primero con un descuento salarial y luego con la remoción definitiva de su cargo mediante un proceso disciplinario que su abogado, Arturo Yáñez, calificó de “amañado”.
Yáñez denunció que a Luizaga le pidieron dinero y un terreno en La Paz a cambio de frenar el proceso en su contra. Al no acceder, fue destituida. La jueza apeló la decisión, sin éxito en primera instancia, pero finalmente el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) revocó la resolución previa y ordenó una nueva valoración.
El 31 de marzo de este año, los actuales tres consejeros del Consejo de la Magistratura emitieron una resolución que revocó la decisión de sus antecesores, declarando improbada la denuncia disciplinaria y ordenando la restitución de Luizaga.
En entrevista con Correo del Sur Radio, la jueza relató el impacto personal de estos años: “Recién operada del cáncer, me dejaron sin salario. Tuve que irme al extranjero y sobrevivir mientras mantenía el proceso constitucional”.
Su abogado sostuvo que Luizaga recibió una doble sanción: le descontaron parte de su salario y, pese a ello, fue destituida. Además, reveló que fue llevada a una confitería en La Paz donde le exigieron sobornos, presuntamente a cambio de anular las acciones disciplinarias y penales en su contra.
La restitución de Luizaga marca un precedente en la lucha contra el abuso de poder en el sistema judicial boliviano.
