La situación carcelaria en Bolivia ha alcanzado un punto crítico: los datos oficiales hasta diciembre de 2024 revelan que existen alrededor de 32 mil personas privadas de libertad, lo que representa un 190% de hacinamiento respecto a la capacidad real de los centros penitenciarios. Este exceso deriva en serios problemas de habitabilidad, atención de salud deficiente, aumento de la conflictividad, inseguridad y obstáculos en los procesos de reinserción.
El crecimiento de la población penitenciaria ha sido constante desde 2021, año en el que había 18.703 internos. En 2022 subió a 24.824, en 2023 a 28.838 y en 2024 llegó a 32.000, lo que significa un incremento de casi mil reclusos cada cuatro meses. Según Juan Carlos Limpias, director nacional de Régimen Penitenciario, este aumento está vinculado con la aplicación excesiva de la detención preventiva, una práctica que responde más a una presión social que a criterios judiciales sólidos.
Este hacinamiento ha desencadenado un incremento en los niveles de violencia. En lo que va de 2025, se han registrado al menos una decena de muertes violentas en distintas cárceles del país, incluida la de máxima seguridad de El Abra, en Cochabamba. Además, el ingreso de objetos prohibidos —como drogas, celulares, armas blancas y alcohol— se mantiene como una constante en los operativos de requisa. En 2024 también se contabilizaron entre 20 y 25 fugas, con un 90% de recaptura.
Ante esta crisis, la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario ha definido ocho objetivos prioritarios para el 2025. Entre ellos están: la mejora de infraestructuras con proyectos de construcción y refacción; convenios con universidades para educación virtual; capacitación legal a internos; aumento en la cobertura de salud; rehabilitación de drogodependientes; formación del personal en derechos humanos; creación de unidades productivas y fortalecimiento del sistema de vigilancia digital.
Un avance significativo en 2024 fue la apertura del nuevo centro penitenciario de Riberalta (Beni), que reemplazó a una infraestructura obsoleta de apenas 250 m2 con una moderna de 10 mil m2.
En Tarija, la crisis es especialmente grave. El penal de Morros Blancos y el Centro de Readaptación de Yacuiba son los principales recintos, mientras que carceletas como las de Bermejo, Villa Montes y Entre Ríos enfrentan limitaciones severas. La de Bermejo incluso tuvo que cerrarse a nuevos ingresos, derivando a los detenidos preventivos al penal de Morros Blancos. En este departamento, los internos esperan con urgencia la implementación de las leyes de indulto, amnistía y el uso de manillas electrónicas, que aún aguardan su tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
