Una grave denuncia de presunto abuso sexual ha sacudido a un colegio particular, donde ya se han identificado seis víctimas menores de edad. La Defensoría de la Niñez y la Dirección Departamental de Educación (DDE) intervinieron la unidad educativa luego de confirmarse que no se activaron los protocolos establecidos para este tipo de casos.
Según Tatiana Herrera, directora de Género Generacional de la Alcaldía, la institución incurrió en una omisión grave. “El error que han cometido es omitir el procedimiento, que señala que cualquier unidad educativa —fiscal, particular o de convenio—, una vez que se entra en conocimiento de agresiones físicas, verbales o sexuales, debe inmediatamente comunicarlas a la Defensoría”, señaló.
Los presuntos agresores son tres estudiantes de entre 13, 15 y 16 años. Dos de ellos podrían enfrentar imputaciones penales. “Si las investigaciones resaltan que sí hubo el delito, el de 15 y 16 tendrían que ser pasibles. El de 13 años tendría una tratativa diferente”, explicó Herrera.
El número de víctimas creció en los últimos días, llegando a seis menores de primaria, y todos los casos apuntan a los mismos estudiantes como presuntos agresores. Ante esta alarmante situación, dos equipos multidisciplinarios fueron activados: uno trabaja con las víctimas y sus familias, y otro con los acusados.
“Se realizó el abordaje psicológico de tres menores junto a sus progenitoras que acudieron a la Defensoría (…) El primer equipo verificará si hay más víctimas, mientras que el segundo se hará cargo de los agresores”, añadió Herrera.
Por su parte, la representante de la Defensoría del Pueblo, Marioly Álvarez, confirmó que el colegio no cumplió con los protocolos de denuncia y anunció un seguimiento estricto al caso. “Se tiene un reporte de seis menores de primaria, que debe ser corroborado por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia”, indicó.
Álvarez también recalcó que ni las víctimas ni los presuntos agresores pueden ser privados de su derecho a la educación. “La unidad educativa, junto a la Distrital y la Defensoría, debe habilitar una dinámica que garantice ese acceso”, concluyó.
El caso sigue en etapa de investigación, mientras la comunidad educativa y padres de familia exigen justicia y medidas urgentes de protección para los menores.
