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lunes, abril 28, 2025
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Montes advierte que la Gobernación ya no podrá cumplir con los programas sociales por falta de recursos

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La Gobernación de Tarija atraviesa una grave crisis económica que pone en riesgo la continuidad de los principales programas sociales del departamento. Así lo advirtió este martes el gobernador Óscar Montes, quien lamentó la falta de voluntad de la Asamblea Legislativa Departamental para aprobar leyes que permitan enfrentar la emergencia financiera.

Montes aseguró que programas como la Canasta Alimentaria para Adultos Mayores, el Prosol destinado al sector campesino y el pago de ítems de salud están en riesgo de desaparecer debido al desequilibrio presupuestario. Explicó que la Gobernación recibe anualmente unos 240 millones de bolivianos, de los cuales 100 millones se destinan al pago de deudas con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), 60 millones al funcionamiento institucional y 45 millones a seguros y otros programas como el Sedeges.

Solo quedan entre 35 y 40 millones para cumplir con más de 90 leyes sociales que requieren al menos 440 millones de bolivianos, lo que vuelve insostenible el actual modelo de gestión.

Montes criticó que la Asamblea no haya tratado propuestas urgentes como la ley de emergencia financiera ni la modificación de la escala salarial. También señaló que no existe voluntad política para reducir sueldos dentro del Legislativo ni del Ejecutivo. “La Asamblea no tiene la más mínima intención de resolver esta encrucijada a la que ella misma ha llevado a la Gobernación”, declaró.

Asimismo, recordó que fue el mismo ente legislativo el que aprobó las leyes sociales y los créditos cuando Tarija recibía hasta 160 millones de bolivianos mensuales por regalías, cifra que actualmente se redujo a apenas 20 millones. “No podemos sostener una estructura de gasto diseñada para 160 millones con ingresos de solo 20”, sentenció.

Mientras tanto, la Gobernación analiza a cuántas familias podrá beneficiar con el Prosol, hasta qué mes se podrá pagar ítems de salud y a cuántos adultos mayores se les podrá entregar la canasta alimentaria.

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Montes aseguró que programas como la Canasta Alimentaria para Adultos Mayores, el Prosol destinado al sector campesino y el pago de ítems de salud están en riesgo de desaparecer debido al desequilibrio presupuestario. Explicó que la Gobernación recibe anualmente unos 240 millones de bolivianos, de los cuales 100 millones se destinan al pago de deudas con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), 60 millones al funcionamiento institucional y 45 millones a seguros y otros programas como el Sedeges.

Solo quedan entre 35 y 40 millones para cumplir con más de 90 leyes sociales que requieren al menos 440 millones de bolivianos, lo que vuelve insostenible el actual modelo de gestión.

Montes criticó que la Asamblea no haya tratado propuestas urgentes como la ley de emergencia financiera ni la modificación de la escala salarial. También señaló que no existe voluntad política para reducir sueldos dentro del Legislativo ni del Ejecutivo. “La Asamblea no tiene la más mínima intención de resolver esta encrucijada a la que ella misma ha llevado a la Gobernación”, declaró.

Asimismo, recordó que fue el mismo ente legislativo el que aprobó las leyes sociales y los créditos cuando Tarija recibía hasta 160 millones de bolivianos mensuales por regalías, cifra que actualmente se redujo a apenas 20 millones. “No podemos sostener una estructura de gasto diseñada para 160 millones con ingresos de solo 20”, sentenció.

Mientras tanto, la Gobernación analiza a cuántas familias podrá beneficiar con el Prosol, hasta qué mes se podrá pagar ítems de salud y a cuántos adultos mayores se les podrá entregar la canasta alimentaria.

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Montes aseguró que programas como la Canasta Alimentaria para Adultos Mayores, el Prosol destinado al sector campesino y el pago de ítems de salud están en riesgo de desaparecer debido al desequilibrio presupuestario. Explicó que la Gobernación recibe anualmente unos 240 millones de bolivianos, de los cuales 100 millones se destinan al pago de deudas con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), 60 millones al funcionamiento institucional y 45 millones a seguros y otros programas como el Sedeges.

Solo quedan entre 35 y 40 millones para cumplir con más de 90 leyes sociales que requieren al menos 440 millones de bolivianos, lo que vuelve insostenible el actual modelo de gestión.

Montes criticó que la Asamblea no haya tratado propuestas urgentes como la ley de emergencia financiera ni la modificación de la escala salarial. También señaló que no existe voluntad política para reducir sueldos dentro del Legislativo ni del Ejecutivo. “La Asamblea no tiene la más mínima intención de resolver esta encrucijada a la que ella misma ha llevado a la Gobernación”, declaró.

Asimismo, recordó que fue el mismo ente legislativo el que aprobó las leyes sociales y los créditos cuando Tarija recibía hasta 160 millones de bolivianos mensuales por regalías, cifra que actualmente se redujo a apenas 20 millones. “No podemos sostener una estructura de gasto diseñada para 160 millones con ingresos de solo 20”, sentenció.

Mientras tanto, la Gobernación analiza a cuántas familias podrá beneficiar con el Prosol, hasta qué mes se podrá pagar ítems de salud y a cuántos adultos mayores se les podrá entregar la canasta alimentaria.

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