El empresario constructor Pablo Soto Quiroga, de 75 años, fue capturado en Padcaya, Tarija, tras estar prófugo desde noviembre de 2024. Es acusado de los delitos de estafa múltiple y estelionato, con denuncias en su contra presentadas en Cochabamba y Santa Cruz.
Soto es propietario de las empresas Ubuntu SRL y Kaskaykuy SRL, y se le acusa de vender inmuebles —departamentos, parqueos y bauleras— en al menos tres proyectos inmobiliarios: Ubuntu, Villa Fraterna y Solaris, dejando deudas millonarias por préstamos no cancelados y afectando a decenas de familias que confiaron en sus emprendimientos.
Según las denuncias, pese a haber sido vendidos, muchos de estos inmuebles tenían gravámenes legales, lo que perjudicó a los compradores que no pudieron acceder legalmente a sus propiedades.
El caso tomó notoriedad luego de que, el 13 de noviembre de 2024, la familia de Soto denunciara su desaparición. Posteriormente se confirmó que había salido a Argentina, por lo que se descartó un secuestro. Desde entonces, su paradero era desconocido hasta su aprehensión esta semana en Tarija.
Además, una fuente cercana al entorno del empresario denunció que el Gobierno Municipal de Cochabamba, encabezado por Manfred Reyes Villa, habría frenado la emisión de certificados catastrales clave para legalizar las propiedades, a cambio de una suma elevada de dinero. La fuente —que pidió el anonimato por temor a represalias— indicó que el dinero habría sido requerido para financiar la campaña presidencial de Reyes Villa, precandidato para las elecciones de agosto de 2025.
Esta supuesta extorsión habría impedido que los proyectos inmobiliarios cumplan con los trámites necesarios, lo que derivó en la imposibilidad de entregar las obras y provocó la actual crisis legal de Soto Quiroga.
Soto fue trasladado a Cochabamba donde deberá enfrentar los procesos judiciales correspondientes.
