La Fiscalía de Chuquisaca ha admitido una denuncia presentada por la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) contra los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), acusados de usurpación de funciones. La denuncia se centra en los magistrados «autoprorrogados» que, según el dirigente Enrique Mamani, se habrían extendido su mandato sin cumplir con los procedimientos establecidos por la Constitución.
El 26 de noviembre de 2024, la CSCIB presentó la denuncia ante la Fiscalía en Sucre, señalando que la prórroga de los magistrados del TCP fue un acto ilegal y que sus decisiones desde enero de 2024 carecen de validez. La denuncia fue admitida por la vía ordinaria, lo que permite que se inicien las investigaciones por usurpación de funciones. Mamani destacó que, en caso de ser necesario, llevarán el caso hasta las instancias internacionales para garantizar que se respete la Constitución y se cuente con magistrados competentes e imparciales.
El caso se refiere a la Declaración Constitucional 0049/2023, que prorroga de manera excepcional y temporal el mandato de los altos cargos del Órgano Judicial y el TCP hasta que se elijan nuevas autoridades. Sin embargo, este acto ha sido cuestionado por diversos sectores, que consideran que los magistrados actúan fuera de la legalidad.
