El juez de garantías constitucionales, Iván Córdoba, ha ordenado la restitución de Sandra Gutiérrez como fiscal departamental de Tarija, tras considerar que su destitución fue un «acto arbitrario» influenciado por presiones internas dentro del Ministerio Público. Esta resolución se emitió en una audiencia llevada a cabo el sábado por la mañana, donde el juez instó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a corregir las acciones «irregulares» que llevaron a su destitución.
Córdoba dejó sin efecto la resolución número FGE/AMNMC/DAL/193/2024, fechada el 2 de octubre de 2024, en la que se fundamentó la destitución de Gutiérrez. En sus declaraciones, el juez enfatizó que la tutela solicitada debía ser concedida al coaccionado, Mauricio Nava Morales, cuyo documento fue considerado como una violación de derechos y garantías constitucionales.
La destitución de Gutiérrez se produjo tras la revelación de una denuncia por estupro y trata de personas en contra de Evo Morales y otros dos implicados, padres de la víctima, presentada el 26 de septiembre. En ese contexto, Gutiérrez supervisó la orden de aprehensión contra Morales, que fue revocada posteriormente por la juez de Sentencia Penal 14° de Santa Cruz, Lilian Moreno Cuéllar, a raíz de un recurso de acción de libertad presentado por los abogados de Morales, quienes alegaron vulneración de derechos.
El mismo día de la revocación, la Fiscalía General tomó la decisión de destituir a Gutiérrez y a otros fiscales que investigaban a Morales. Posteriormente, Gutiérrez denunció que el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, le había ordenado dejar de lado el caso, afirmando que posee grabaciones de esa conversación en la que se le exigía no investigar a Evo Morales.
Por su parte, Lanchipa ha negado haber dado tal orden y ha argumentado que la destitución de Gutiérrez se debió a supuestas negligencias en su trabajo. En la actualidad, el caso sigue abierto en la Fiscalía Departamental de Tarija, donde se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes, y la autoridad jurisdiccional ha declarado la reserva del caso para proteger los derechos y garantías de la víctima.
