La Fiscalía General del Estado ha informado sobre graves irregularidades en el caso que involucra al expresidente Evo Morales, relacionado con el delito de trata y tráfico de personas. La directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, Alejandra Rocha, reveló que la orden de aprehensión contra Morales fue emitida por la comisión de fiscales el 26 de septiembre, pero fue ocultada por la exfiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez.
Rocha explicó que, al revisar el expediente en la Fiscalía Departamental de Tarija, no se encontró ninguna orden de aprehensión en los documentos procesales. Sin embargo, la fiscal encargada informó que, tras la emisión y firma de la orden por parte de la Policía, Gutiérrez retuvo la documentación de manera inusual desde la fecha de inicio de la investigación.
En su defensa, la exfiscal Gutiérrez argumentó que la denuncia se trató como cualquier otra investigación y que se le dio la agilidad correspondiente. Sin embargo, reconoció que el caso se declaró en reserva debido a su “envergadura y complejidad”, indicando que no se trataba de un caso ordinario.
Rocha, por su parte, destacó que también se identificaron irregularidades en el proceso de carga de las actividades investigativas en el Ecosistema Justicia Libre. Además, se señaló que, aunque la investigación se abrió por trata y tráfico de personas, la orden de aprehensión fue emitida por un delito de estupro. Esta discrepancia permitió que la defensa de Morales interpusiera una acción de libertad, resultando en la declaración de nulidad de la orden de aprehensión.
Estos hechos, considerados graves por la Fiscalía, han generado un ambiente de incertidumbre en torno al caso de Morales, que sigue envuelto en controversia y atención mediática. Las irregularidades detectadas plantean preguntas sobre la imparcialidad y el manejo de casos delicados dentro del sistema judicial en Bolivia.
