Gabriela Tintaya, directora de Régimen Penitenciario del departamento de Tarija, ha revelado una preocupante cifra: aproximadamente cinco personas ingresan a diario en los centros penitenciarios de la región debido al incumplimiento en el pago de asistencia familiar. Esta situación ha exacerbado el problema de sobrepoblación en las cárceles, generando una presión creciente sobre el sistema penitenciario local.
Tintaya, quien asumió recientemente su cargo, destacó que uno de los desafíos que enfrentó al llegar fue la falta de una trabajadora social en el penal. La ausencia de este profesional ha causado retrasos significativos en los trámites necesarios para la liberación de los reclusos que ya han cumplido sus condenas, contribuyendo aún más a la saturación de los centros penitenciarios.
La incorporación de una trabajadora social se considera crucial para la gestión eficiente de las solicitudes de libertad y el manejo adecuado de los casos de los internos. Este recurso adicional tiene el potencial de agilizar los procesos de liberación, permitiendo que aquellos que han cumplido sus sentencias puedan salir de prisión y, a su vez, ayudando a aliviar la sobrecarga en las cárceles.
La directora Tintaya también señaló que la sobrepoblación carcelaria no solo afecta las condiciones de vida dentro de los penales, sino que también complica la administración de justicia y los esfuerzos para rehabilitar a los reclusos. Con la futura contratación de una trabajadora social, se espera que se logre una mejora significativa en la gestión penitenciaria, lo que contribuirá a una mejor organización y condiciones en los centros de detención.
La situación actual subraya la necesidad de reformas y mejoras en el sistema de justicia y asistencia familiar para evitar que la prisión sea una solución para el incumplimiento de obligaciones civiles, y garantizar que los recursos del sistema penitenciario se utilicen de manera más efectiva y humana.
