La reciente orden de arresto emitida por el Juzgado Especial Primero del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela contra Edmundo González Urrutia, líder de la mayor coalición opositora, ha sido rechazada por nueve países de Latinoamérica. Los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay emitieron un comunicado conjunto en el que condenan la orden de aprehensión y la califican como un intento de silenciar al opositor y desconocer la voluntad popular venezolana.
El comunicado argumenta que la orden de arresto se basa en supuestos delitos que consideran parte de una persecución política, destacando la falta de separación de poderes y garantías judiciales en Venezuela. Los países firmantes se comprometen a seguir presionando para asegurar la vida, integridad y libertad de González Urrutia.
La Fiscalía de Venezuela había solicitado una orden de aprehensión contra González Urrutia por presuntos delitos relacionados con las elecciones presidenciales del 28 de julio, argumentando usurpación de funciones y forjamiento de documentos públicos. La solicitud llegó después de que el opositor no respondiera a las citaciones de la Fiscalía, alegando que no reconocía los cargos en su contra.
González Urrutia es acusado de varios delitos, incluyendo instigación a la desobediencia de leyes y conspiración, tras la publicación de actas electorales en una página web que la coalición opositora utilizó para denunciar fraude electoral. La Fiscalía advirtió que, de no asistir a una nueva citación, se emitiría una orden de aprehensión por peligro de fuga.