El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dictó sentencia declarando inconstitucional el cierre del Servicio Departamental de Caminos (Sedeca) en Tarija, pero dejó serias dudas sobre quién deberá financiar su sostenibilidad. Si bien los 200 trabajadores ya habían sido reincorporados a la Dirección Departamental de Administración de Vías (DAV), el fallo exige la restitución del Sedeca como entidad independiente.
La sentencia anuló las disposiciones del Decreto Departamental 003/2022 y el artículo 8 del Decreto Departamental 021/2022, argumentando que vulneraban la jerarquía normativa de la Constitución y que invadían competencias del nivel central en materia laboral. Además, observó contradicciones en el régimen laboral de los extrabajadores del Sedeca.
El gobernador de Tarija, Óscar Montes, lamentó que el fallo no aclare quién debe financiar al Sedeca. Si bien ratificó que se acatará el fallo y que se restituirá la entidad, dejó claro que espera recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), ya que los ingresos departamentales no alcanzarían. Montes advirtió que Tarija sufrirá una caída de al menos 100 millones de bolivianos en ingresos este año.
Juristas y expertos en derecho autonómico criticaron el fallo por considerarlo un retroceso para el régimen autonómico del país, ya que consideran que refuerza una estructura centralista que contradice los principios establecidos en la Constitución de 2009.
Mientras tanto, Montes solicitará al TCP una aclaración formal sobre la fuente de financiamiento, aunque ya adelantó que Tarija transferirá al Sedeca únicamente los recursos que actualmente recibe desde la ABC para el mantenimiento de caminos.
