El Gobierno Departamental de Tarija, a través de su Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, presentó una denuncia formal ante el Juzgado Agroambiental de Villa Montes contra concesionarios pesqueros que instalaron trampas ilegales en el río Pilcomayo, en la zona del Angosto.
Según informó Evelio Téllez, jefe de la Unidad de Biodiversidad, el objetivo es activar medidas precautorias ambientales y dar inicio a procesos penales contra los responsables. Estos enfrentan posibles penas de tres a cuatro años de cárcel y la reversión inmediata de sus concesiones por atentar contra la biodiversidad y obstaculizar la migración del sábalo, una especie clave para el ecosistema y la economía pesquera de la región.
Durante las inspecciones, se detectaron inicialmente tres trampas ilegales, cifra que luego ascendió a cinco, aumentando la preocupación por la depredación del Pilcomayo. “Ya no hay tolerancia. La ley es clara: nadie puede obstaculizar la migración de las especies ni utilizar artes de pesca prohibidas”, afirmó Téllez.
Las medidas abarcan una zona crítica desde el puente Ustárez hasta el puente Sábalo, por donde migra el sábalo desde el bañado La Estrella (Argentina) hasta las cuencas bolivianas.
Entre los grupos señalados están familias como Rentería, Choco Grande y La Juca, entre otros concesionarios.
Téllez enfatizó que esta acción busca sentar un precedente legal. “Durante 20 o 25 años se formaron malos hábitos. Eso se acabó. Las concesiones deben pasar a personas que respeten el medioambiente y las normas del Estado”.
Finalmente, el Gobierno Departamental promueve reemplazar estas prácticas nocivas por artes de pesca permitidas como la malla pollera, malla de arrastre y tijeras, apostando por una pesca sostenible y responsable con el ecosistema del Pilcomayo.
