El gobierno de Javier Milei oficializó mediante el decreto 366/25 una profunda reforma a la Ley de Migraciones en Argentina. Las nuevas medidas elevan los requisitos para acceder a la residencia, restringen el acceso a servicios públicos como la salud y la educación, y amplían las causales de expulsión. Organismos de derechos humanos y comunidades migrantes han expresado su preocupación, advirtiendo sobre un impacto directo para más de 1,5 millones de bolivianos residentes en el país.
Entre los principales cambios, los migrantes deberán demostrar recursos económicos suficientes para obtener la residencia permanente. Mientras tanto, se les concederá solo una residencia precaria de 90 días, que no servirá para solicitar ciudadanía ni residencia definitiva. Además, ya no bastará con residir dos años en el país para nacionalizarse: solo quienes tengan residencia legal continua o sean clasificados como “inversores” podrán hacerlo, quedando la decisión final en manos de Migraciones.
El decreto también restringe el acceso de personas migrantes en situación irregular a la educación terciaria y universitaria, y al sistema público de salud, salvo en emergencias. Se exigirá un seguro médico obligatorio incluso para quienes deseen ingresar como turistas o visitar familiares.
En materia legal, la normativa permite expulsar a migrantes por causas penales aún sin condena firme y sin otorgar intimaciones previas. Migraciones podrá realizar operativos en espacios públicos y privados, apoyada por fuerzas de seguridad.
Estas decisiones se acompañan de la “Operación Roca” y el “Plan Güemes”, que refuerzan el control militar en la frontera norte con Bolivia, generando mayor preocupación entre organizaciones de derechos humanos en Salta, que presentaron un hábeas corpus preventivo.
Desde Bolivia, expertos en relaciones exteriores advirtieron que estas disposiciones afectan directamente a ciudadanos que cruzan constantemente desde zonas como Tarija o Yacuiba. Aunque Bolivia no puede intervenir en decisiones soberanas de otro país, se recomienda a los ciudadanos bolivianos informarse adecuadamente y cumplir con las nuevas exigencias para evitar contratiempos.
