El expresidente Evo Morales, junto a más de 30 exministros de su gobierno, presentó una carta a la relatora de derechos humanos de la ONU, Margaret Satterthwaite, en la que denuncian la detención “arbitraria e ilegal” de la jueza Lilian Moreno, quien anuló la orden de aprehensión en contra de Morales y derivó su caso al departamento de Cochabamba.
Morales enfrenta un proceso judicial por presunta trata de personas y relaciones con una menor de edad, caso que se lleva adelante en Tarija, donde se habrían producido los hechos. La Fiscalía y el Ministerio de Justicia criticaron duramente la decisión de la jueza Moreno, quien fue aprehendida luego de haber emitido el fallo que beneficiaba a Morales.
La exministra Teresa Morales declaró:
“Naciones Unidas tiene que intervenir. No puede ser que cuando un juez toma una decisión que no les gusta, lo metan preso. Así no hay garantías para defender nuestros derechos”.
La carta entregada a la ONU enfatiza que la detención de la jueza vulnera el debido proceso y la independencia judicial, pilares fundamentales del Estado de Derecho.
Mientras tanto, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, Luis Esteban Ortiz, confirmó que el Juzgado Penal Anticorrupción Quinto de Tarija es competente para tratar el caso, con base en dos resoluciones judiciales previas, reafirmando la jurisdicción local sobre este proceso.
La detención de la jueza y la presión internacional generada por la carta de Evo Morales reavivan el debate sobre la independencia del sistema judicial en Bolivia y el uso del poder judicial con fines políticos.
