El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, anunció el inicio de procesos administrativos y penales contra la jueza Lilian Moreno Cuéllar, quien anuló la orden de aprehensión y congeló los actos procesales contra el expresidente Evo Morales, acusado de trata y tráfico de personas agravado.
Moreno, jueza de Sentencia Penal 14° de Santa Cruz, ya había favorecido previamente a Morales en 2024, trasladando el caso desde Tarija a Villa Tunari, su bastión político, pese a que el presunto delito ocurrió en Tarija. En ambas ocasiones, se argumentó que los derechos del exmandatario fueron vulnerados.
La reciente determinación anuló toda imputación y mandamientos emitidos por el Ministerio Público hasta el 2 de octubre de 2024. Esto ocurre justo cuando las bases cocaleras de Morales anuncian una marcha a La Paz para inscribir su candidatura a las elecciones del 17 de agosto.
La defensa de Morales, a través de los abogados Jorge Pérez y Nelson Cox, sostuvo que la jueza actuó conforme a derecho y que el expresidente queda libre de todo cargo. Sin embargo, el Consejo de la Magistratura y el Ejecutivo consideran que Moreno incurrió en desobediencia a resoluciones judiciales y señalan su vínculo anterior con el gobierno de Morales.
Mientras tanto, el caso de trata podría quedar archivado, según algunos juristas, ante la anulación de los actuados y el contexto político que rodea la causa.
