La jueza Lilian Moreno, del Distrito Judicial de Santa Cruz, determinó anular la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, quien es investigado por presuntos delitos de estupro y trata y tráfico de personas. Además, ordenó paralizar la investigación que se llevaba a cabo en Tarija y dispuso que el caso sea remitido a los fiscales del Trópico de Cochabamba, región donde Morales mantiene un importante respaldo político y social.
El abogado de Morales, Jorge Pérez, confirmó que actualmente no existe ninguna orden de aprehensión, ni imputación formal ni declaratoria de rebeldía contra su defendido. Señaló que esta decisión ya fue comunicada oficialmente a los jueces y fiscales involucrados en el proceso.
La decisión judicial ha generado una ola de críticas, no solo por la anulación de la orden, sino también por los antecedentes de la jueza Moreno. Entre 2012 y 2016 trabajó en el Servicio de Impuestos Nacionales y en ENFE, y fue nombrada jueza poco antes de la caída del MAS en 2019. Esta trayectoria ha sido cuestionada por posibles conflictos de intereses y un presunto favoritismo hacia el entorno político del expresidente.
El caso surgió tras la denuncia de una menor que quedó embarazada a los 16 años, presuntamente por Morales. No es la primera vez que la jueza Moreno anula una medida judicial contra el exmandatario; ya en 2024 había tomado una decisión similar.
La anulación de la orden de aprehensión y la transferencia del caso a una región aliada políticamente con Morales han encendido el debate sobre la independencia judicial y la influencia política en procesos de alto perfil.
