La Gobernación de Santa Cruz ha reavivado el debate sobre un nuevo Pacto Fiscal, proponiendo una distribución equitativa de los recursos públicos entre el nivel nacional y los gobiernos subnacionales. El asesor de Economía del ente departamental, Darío Monasterio, afirmó que esta propuesta no solo es legal y viable, sino también urgente para garantizar la sostenibilidad de las autonomías.
“El Pacto Fiscal 50-50 es posible porque está enmarcado en la Ley Marco de Autonomía y Descentralización”, explicó Monasterio. La normativa establece que seis meses después de la publicación de los resultados del nuevo Censo Nacional de Población y Vivienda, se debe abrir un proceso de discusión sobre la redistribución de recursos.
El modelo propuesto por la Gobernación cruceña sugiere que el 50% de la recaudación tributaria nacional sea redistribuido entre gobernaciones, municipios y universidades públicas, y el otro 50% quede en manos del Gobierno central. Además, plantea que ciertos impuestos, como el IVA, se queden íntegramente en el departamento donde fueron generados.
En el caso de Santa Cruz, por ejemplo, el IVA genera aproximadamente 4.000 millones de bolivianos al año. Bajo este modelo, la Gobernación recibiría unos 1.600 millones, sin contar lo que corresponde a municipios.
Monasterio advirtió que la situación actual es insostenible: la Gobernación cruceña ha visto una caída del 40% en sus ingresos debido a la baja producción hidrocarburífera, la falta de control sobre políticas del sector y la reducción de precios internacionales.
“Esto no es gestionable. No estamos ejerciendo una gestión verdaderamente autónoma”, afirmó.
El funcionario enfatizó que no se busca quitar atribuciones al Servicio de Impuestos Nacionales, sino que los recursos recaudados sean transferidos directamente a las regiones. Para ello, es fundamental establecer un diálogo serio con el Gobierno nacional en el marco del Consejo Nacional de Autonomía, donde están representados gobernadores y alcaldes.
Finalmente, Monasterio llamó a fortalecer el apoyo cívico-institucional para respaldar esta propuesta y que el Gobierno central actúe con responsabilidad.
