La justicia argentina ha decidido reabrir la investigación contra el expresidente Evo Morales por presunta corrupción de menores, luego de que el caso fuera archivado a finales de 2024. Esta decisión fue tomada por la Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal, que consideró que el cierre del caso fue “prematuro” y ordenó continuar con el proceso judicial.
La denuncia inicial fue presentada por la Fundación Apolo, y su abogado, José Lucas Magioncalda, confirmó al diario El Deber que ahora la fundación será parte querellante del proceso. Esto les otorga la posibilidad de presentar pruebas, tener acceso al expediente y participar activamente en el desarrollo del caso.
Magioncalda explicó que la causa había sido desestimada por el juez de primera instancia, pero tras apelar, la Cámara les dio la razón. Ahora se encuentran en una mejor posición para impulsar la investigación y presentarán nuevas pruebas. Entre estas pruebas se incluye la declaración de Angélica Ponce, dirigente de las mujeres interculturales en Bolivia, quien ya declaró ante la justicia boliviana. Además, solicitarán que el expresidente argentino Alberto Fernández y varios funcionarios de su gobierno declaren como testigos.
De acuerdo con Magioncalda, durante el gobierno de Fernández se habría ocultado información sobre la situación legal de Morales, incluyendo detalles sobre quién financiaba su estadía en una residencia de lujo en Buenos Aires.
Morales enfrenta también una imputación por trata de personas en Bolivia, emitida por la Fiscalía de Tarija. A pesar de la existencia de una orden de aprehensión, la Policía aún no ha ejecutado la orden, argumentando posibles enfrentamientos con sus seguidores en Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba.
