Una jornada marcada por la violencia y la tensión se vivió esta mañana en el barrio Santa Lucía y Retoño, donde vecinos protagonizaron un enfrentamiento con un grupo irregular que intentó ejecutar un desalojo. Los residentes aseguran tener documentos que acreditan su derecho de propiedad sobre los terrenos, y contaron con el respaldo de la Dirección de Derechos Humanos (DDHH) y la Defensoría del Pueblo.
María Inés Galviz, directora de DDHH, se hizo presente en la zona para brindar apoyo a los vecinos e informó que el desalojo no debía llevarse a cabo, según confirmaron vocales de la Sala Quinta.
“Hemos hablado con los vocales y nos dijeron que hasta ayer era el desalojo, hoy no debía ocurrir. Queremos informar eso para que los vecinos puedan defenderse con los papeles que tienen”, declaró Galviz.
La situación se tornó alarmante cuando testigos denunciaron que niños, mujeres embarazadas y adultos mayores fueron afectados por la gasificación del operativo. Galviz también expresó su preocupación por una posible coordinación entre la policía y grupos antisociales.
“Ingresaron a las casas atropellando a niños, embarazadas, adultos mayores. ¿Qué ha pasado con el comandante? ¿Cómo han conseguido tantos policías y personas que no respetaron a nadie?”, cuestionó.
La directora de DDHH hizo un llamado urgente para detener la violencia:
“Pedimos que esto se detenga antes de que haya muertos. Si eso sucede, los responsables serán los de la Sala Quinta y quien dio la orden de desalojo”.
Finalmente, Galviz cuestionó la legalidad del operativo al revelar que la orden judicial que lo sustenta es de 2016, y que según la normativa vigente, ya debería estar inactiva.
“Una orden de hace nueve años no puede seguir vigente. Es una violación a los derechos humanos y al territorio de estas familias”, concluyó
