El economista y precandidato Jaime Dunn fue vinculado por el Gobierno con un supuesto intento de golpe de Estado ocurrido en 2024, lo que ha generado fuerte controversia y rechazo desde sectores políticos y ciudadanos. La acusación fue calificada por varios analistas como inverosímil y sin fundamentos sólidos, al señalar que se trataría de un intento de apartar al único precandidato visible de derecha de la carrera electoral.
La denuncia sorprende tanto por su contenido como por la rapidez con la que fue activada judicialmente. Aún sin ser candidato oficial, Dunn ya enfrenta un proceso que lo vincula con lo que se ha descrito como un “autogolpe” promovido por el propio Gobierno, según han denunciado diversas voces opositoras.
“El hecho no tiene ningún sentido. Se trata de una acusación sin pies ni cabeza”, comentaron fuentes cercanas a su entorno, advirtiendo que el caso se enmarca en una estrategia de persecución política para debilitar a los adversarios del MAS.
A diferencia de otros precandidatos, contra los cuales no se ha activado ninguna acción legal de esta magnitud, Dunn ha sido el único blanco de esta clase de medidas judiciales en tan corto tiempo desde el anuncio de su postulación.
El hecho ha encendido las alarmas sobre el uso de la justicia con fines políticos y pone en duda la transparencia del proceso electoral que se avecina en Bolivia.
