El municipio de Mapiri, ubicado en el departamento de La Paz, enfrenta una grave crisis institucional tras la expulsión de los efectivos policiales por denuncias de extorsión. Según el representante de Control Social, William Espinoza, los agentes exigieron 14.000 bolivianos a una familia afectada por un accidente de tránsito fatal, bajo amenaza de enviarlos a prisión.
El hecho ocurrió luego de que un vehículo se embarrancara debido al mal tiempo, causando la muerte de una persona. Según Espinoza, los policías habrían intimidado al conductor herido en el hospital, exigiendo dinero para no remitir el caso al Ministerio Público.
Ante esta situación y la falta de respuesta de las autoridades, la población de Mapiri decidió expulsar a los efectivos policiales. Sin embargo, el municipio se encuentra en un estado de indefensión, ya que tampoco cuenta con un fiscal desde hace varios años, dejando todos los casos en manos de la Policía.
Exigen intervención de la Defensoría del Pueblo
Espinoza denunció que los casos de extorsión por parte de los policías no son aislados y que, pese a las constantes denuncias, las autoridades superiores no han tomado cartas en el asunto. Por ello, solicitan la intervención inmediata de la Defensoría del Pueblo, así como la asignación de nuevos policías y un fiscal permanente para garantizar la seguridad y el acceso a la justicia en el municipio.
La crisis en Mapiri evidencia una grave falencia en el sistema judicial y policial, afectando a toda la población que se encuentra sin protección ni garantías legales.