La familia de Elba Tisco Salazar, funcionaria del Servicio de Estacionamiento Municipal (SEM), expresó su indignación tras la determinación judicial que otorgó detención domiciliaria con una fianza de 20 mil bolivianos al conductor que la atropelló y causó su muerte.
El accidente ocurrió cuando la funcionaria realizaba su labor diaria y fue embestida por un vehículo a alta velocidad. Falleció en el acto. Pese a la gravedad del hecho, el juez dictaminó que el responsable solo deberá permanecer en su domicilio y presentarse ante la fiscalía cada 15 días.
Rechazo e indignación
El abogado de la familia, Roberto Mamani, calificó la decisión como insuficiente y desproporcionada. “Vamos a apelar esta resolución y exigimos la pena máxima por homicidio en accidente de tránsito. El conductor pasó el semáforo en rojo y circulaba a exceso de velocidad. Fue él quien causó la tragedia”, declaró.
Además, Mamani denunció que el otro conductor involucrado en el choque, que manejaba un vehículo rojo, aún no ha sido imputado, pese a su participación en el siniestro.
Denuncian politización del caso
Durante la audiencia, los familiares de la víctima protestaron y denunciaron que la justicia está actuando con sesgo político. Una de las primas de Elba señaló que el abogado del acusado, Nelson Cox, ha influenciado el proceso.
«Nos han hecho sentir que no hay justicia para las víctimas. Dicen que no hay pruebas, pero hay videos que muestran claramente el accidente. ¿Cuántas pruebas más se necesitan?», cuestionó la familiar.
Ante esta situación, la familia anunció movilizaciones y apelaciones legales para exigir justicia por la muerte de Elba.
