La propuesta de Ley de Emergencia Financiera en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija ha generado rechazo en distintos sectores sociales. Campesinos y Juntas Vecinales exigen que antes de afectar programas sociales se reduzcan los salarios de autoridades y se disminuya el aparato estatal.
El dirigente de la Federación de Campesinos, Herbert Quispe, manifestó su rechazo a cualquier recorte de fondos sin un consenso previo con sectores vulnerables. Además, propuso reducir en un 50% los sueldos del gobernador, asambleístas y altos funcionarios que ganan más de Bs 6.000.
Las Juntas Vecinales también piden un plan de austeridad. Cristian Ventura, presidente del Distrito 9, exigió reducir ministerios, direcciones descentralizadas y empresas estatales que generan gastos innecesarios. Entre las instituciones que solicitan cerrar están EMAPA, Odeco y Defensa del Usuario y Consumidor, argumentando que no cumplen sus funciones.
El dirigente Rodrigo Castillo detalló que los diputados y senadores ganan Bs 23.000 al mes y los ministros Bs 22.000, por lo que piden bajar sus sueldos a Bs 15.000, lo que generaría un ahorro de 143 millones de bolivianos anuales en ministerios y más de 32 millones en la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, el asambleísta del MAS, Eider Quiroga, desestimó la propuesta, asegurando que la reducción de salarios no solucionará la crisis económica y calificándola como una «cortina de humo» para ocultar la mala gestión de las autoridades.
