En medio de la crisis más grave de hidrocarburos en la historia de Bolivia, un escándalo de corrupción internacional ha salpicado al presidente Luis Arce y a su entorno más cercano, particularmente a la familia Valdivia, una poderosa dinastía empresarial vinculada al Gobierno.
El país atraviesa una grave escasez de combustibles, con largas colas en las estaciones de servicio y el pánico cunde entre la población. El gobierno de Arce ha intentado justificar la crisis alegando que no se pueden obtener los dólares necesarios para importar diésel y gasolina. Sin embargo, las acusaciones de corrupción suman complejidad a una situación ya tensa.
Bolivia depende de la importación de combustibles: consume diariamente unos siete millones de litros de diésel y seis millones de litros de nafta. Un 80% de diésel y un 50% de nafta provienen del exterior, y el gobierno subsidia estas importaciones, vendiéndolas a precios muy por debajo del valor internacional. Esto ha llevado a una caída dramática de las reservas internacionales, mientras que el mercado interno sufre las consecuencias de los altos costos y la falta de combustible.
La administración de Arce ha sido criticada por su gestión en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ya que la importación de combustibles ha crecido de manera acelerada, beneficiando a empresas extranjeras, pero a costa de pérdidas millonarias para el Estado. Al mismo tiempo, la exportación de gas ha disminuido debido a la falta de inversión y una mala gestión, reduciendo los ingresos en dólares que eran vitales para el país.
Este déficit de dólares ha forzado al Gobierno a reconocer que no puede garantizar la importación de diésel y gasolina, lo que ha provocado el descontento generalizado entre la ciudadanía. Sin embargo, un posible esquema de corrupción se esconde detrás de esta crisis: la intermediación de la empresa Botrading, subsidiaria de YPFB en Paraguay, que habría realizado compras de combustibles a precios inflados. Esto supuestamente habría generado ganancias ilícitas para un círculo de poder ligado al hijo del presidente y al empresario Eduardo Valdivia.
Investigaciones recientes han revelado que Valdivia adquirió un lujoso departamento en Asunción, Paraguay, por más de 2 millones de dólares, en una de las zonas residenciales más exclusivas de la ciudad. Esta compra y otras inversiones realizadas en Paraguay y otros países están bajo la lupa de la justicia, que deberá investigar el origen de estos fondos.
En medio de este panorama, Bolivia se enfrenta a una creciente inflación y una crisis económica cada vez más profunda. Mientras el gobierno intenta gestionar la situación de cara a las elecciones presidenciales de agosto, la oposición se prepara para exponer estas denuncias y promete enfrentar al Gobierno y su círculo cercano a la justicia si pierden el poder.
