En un contundente mensaje durante un consejo de ministros transmitido en vivo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró sus acusaciones contra el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, a quien calificó de “asesino intelectual” del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Pecci, reconocido por su labor contra el crimen organizado, fue baleado a tiros el 10 de mayo de 2022 en la isla de Barú, cerca de Cartagena, mientras disfrutaba de su luna de miel junto a su esposa embarazada.
Durante la sesión, Petro criticó abiertamente la gestión del fiscal colombiano Mario Burgos, quien estuvo al frente de la investigación del caso. “¿Por qué la muerte del fiscal Pecci quedó en manos del fiscal Burgos? Y el fiscal Burgos sacó al asesino del proceso, que es el narcotraficante Marset”, afirmó el mandatario, aludiendo además al exfiscal general Francisco Barbosa, hasta septiembre del año pasado. “Por algo raro no querían que cambiáramos la cúpula fiscal”, enfatizó el presidente.
El presidente Petro señaló que Marset, actualmente prófugo y acusado de ser un influyente narcotraficante, es socio del notorio narcotraficante Julio Lozano Pirateque, a quien describió como “ciudadano de Dubai, colombiano, que está matando a los esmeralderos” y acusó de tener intenciones de asesinar al mandatario. Estas declaraciones se suman a las acusaciones previas que Petro había realizado en 2022 a través de sus redes sociales.
El fiscal Marcelo Pecci, especializado en combatir el crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, fue atacado de manera brutal frente a su esposa, lo que marcó uno de los episodios más oscuros en la lucha contra el narcotráfico en la región. La investigación ha tomado distintos giros: en septiembre de 2024, Mario Burgos fue apartado del caso por orden de la Fiscalía General, en un movimiento que ha suscitado diversas interrogantes sobre la integridad y la transparencia en el manejo del proceso.
El caso de Pecci ha dejado una estela de controversias y se ha convertido en el epicentro de una investigación conjunta que involucra a autoridades colombianas, paraguayas y estadounidenses. Asimismo, la muerte de Francisco Luis Correa, quien había sido condenado por reclutar al pistolero que disparó contra Pecci, y las condenas impuestas a los hermanos Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez, han evidenciado la complejidad y la magnitud de la red criminal involucrada.
Con estas declaraciones, el gobierno de Petro busca reavivar la discusión sobre la efectividad y la independencia de las investigaciones judiciales en Colombia, además de resaltar la urgente necesidad de transparencia en casos de alto impacto que vinculan a figuras del narcotráfico con hechos de violencia extrema. La búsqueda de justicia para Marcelo Pecci continúa siendo una prioridad en la agenda de las autoridades, en un contexto donde la lucha contra el crimen organizado se enfrenta a desafíos políticos y judiciales de gran envergadura.
