El exministro Alán Lisperguer y su asesor jurídico enfrentan una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y falsedad en declaración jurada. Según el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, ambos exfuncionarios habrían realizado movimientos bancarios inusuales y registrado un patrimonio desproporcionado durante su gestión.
La viceministra Susana Ríos informó que en 2021 Lisperguer declaró solo un bien inmueble en Cochabamba, mientras que en 2024 se identificaron 9 propiedades a su nombre, sin que estas fueran declaradas oportunamente. Además, se registraron movimientos bancarios por más de un millón de bolivianos, lo que supera ampliamente su salario como funcionario público.
“El incremento patrimonial y los movimientos bancarios no se justifican con su actividad económica. En 2021, registró un solo bien inmueble; pero, en 2024, ya contaba con nueve propiedades, la mayoría en Cochabamba”, señaló Ríos.
Por su parte, el Fiscal Anticorrupción Miguel Cardozo indicó que Lisperguer no tiene registrada ninguna otra actividad económica aparte de su cargo público, lo que genera sospechas sobre la procedencia de los fondos. Asimismo, se investiga la relación entre los depósitos recibidos y otros servidores públicos involucrados.
El asesor jurídico de Lisperguer, también investigado, habría realizado movimientos bancarios por más de 600 mil bolivianos en un corto período, así como compras desproporcionales a su perfil económico.
El Ministerio Público ha iniciado citaciones a las personas que realizaron depósitos en las cuentas de los exfuncionarios para determinar la procedencia de los fondos. Las autoridades subrayan que el caso evidencia un posible esquema de corrupción que atenta contra los principios de transparencia en la administración pública.
