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jueves, mayo 1, 2025
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Presidencia del Legislativo define receso parlamentario del 18 de diciembre al 1 de enero

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La Presidencia de la Asamblea Legislativa ha comunicado oficialmente que el receso parlamentario de fin de año iniciará el miércoles 18 de diciembre y se extenderá hasta el jueves 1 de enero de 2025. Esta decisión fue tomada debido a la falta de conformación de una comisión, ya que las cámaras de Senadores y de Diputados no enviaron las listas correspondientes.

Según el comunicado emitido por la presidencia, en la segunda sesión de la Asamblea del 12 de diciembre, se solicitó a las jefaturas de las bancadas políticas que enviaran las nóminas de asambleístas para conformar la comisión que se encargaría de los asuntos legislativos durante el receso. Sin embargo, hasta la fecha, dichas listas no fueron enviadas. En consecuencia, la Asamblea procederá con el receso como está previsto en el artículo 153.III de la Constitución, sin la conformación de la comisión, y los “asuntos de urgencia” que puedan surgir serán atendidos conforme a las previsiones constitucionales.

La decisión, no obstante, ha generado fuertes críticas desde diferentes sectores. Tanto el oficialismo como la oposición han señalado que este receso es una estrategia para evitar el debate del Presupuesto General del Estado (PGE) de 2025. Desde el Movimiento al Socialismo (MAS), el senador Luis Adolfo Flores aseguró que no se quiere debatir el presupuesto debido a las críticas que ha recibido, especialmente el aumento a 82.000 millones de bolivianos para las empresas, lo que considera una medida dirigida a financiar campañas políticas para las elecciones generales.

Por otro lado, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Campero, ha calificado la imposición del receso como una muestra de la «incompetencia» del vicepresidente David Choquehuanca y del carácter “dictatorial” del Gobierno. Campero argumenta que la aprobación del Presupuesto General del Estado sin ser tratado previamente en la Asamblea va en contra de lo estipulado en la Constitución, y que, en este caso, el presupuesto debería haber sido sometido a discusión antes de su aprobación.

Con el receso parlamentario ya definido, queda por ver cómo se abordarán los temas urgentes que pudieran surgir en las próximas semanas, especialmente en relación con el PGE, un tema de gran relevancia para el país.

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La Presidencia de la Asamblea Legislativa ha comunicado oficialmente que el receso parlamentario de fin de año iniciará el miércoles 18 de diciembre y se extenderá hasta el jueves 1 de enero de 2025. Esta decisión fue tomada debido a la falta de conformación de una comisión, ya que las cámaras de Senadores y de Diputados no enviaron las listas correspondientes.

Según el comunicado emitido por la presidencia, en la segunda sesión de la Asamblea del 12 de diciembre, se solicitó a las jefaturas de las bancadas políticas que enviaran las nóminas de asambleístas para conformar la comisión que se encargaría de los asuntos legislativos durante el receso. Sin embargo, hasta la fecha, dichas listas no fueron enviadas. En consecuencia, la Asamblea procederá con el receso como está previsto en el artículo 153.III de la Constitución, sin la conformación de la comisión, y los “asuntos de urgencia” que puedan surgir serán atendidos conforme a las previsiones constitucionales.

La decisión, no obstante, ha generado fuertes críticas desde diferentes sectores. Tanto el oficialismo como la oposición han señalado que este receso es una estrategia para evitar el debate del Presupuesto General del Estado (PGE) de 2025. Desde el Movimiento al Socialismo (MAS), el senador Luis Adolfo Flores aseguró que no se quiere debatir el presupuesto debido a las críticas que ha recibido, especialmente el aumento a 82.000 millones de bolivianos para las empresas, lo que considera una medida dirigida a financiar campañas políticas para las elecciones generales.

Por otro lado, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Campero, ha calificado la imposición del receso como una muestra de la «incompetencia» del vicepresidente David Choquehuanca y del carácter “dictatorial” del Gobierno. Campero argumenta que la aprobación del Presupuesto General del Estado sin ser tratado previamente en la Asamblea va en contra de lo estipulado en la Constitución, y que, en este caso, el presupuesto debería haber sido sometido a discusión antes de su aprobación.

Con el receso parlamentario ya definido, queda por ver cómo se abordarán los temas urgentes que pudieran surgir en las próximas semanas, especialmente en relación con el PGE, un tema de gran relevancia para el país.

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Según el comunicado emitido por la presidencia, en la segunda sesión de la Asamblea del 12 de diciembre, se solicitó a las jefaturas de las bancadas políticas que enviaran las nóminas de asambleístas para conformar la comisión que se encargaría de los asuntos legislativos durante el receso. Sin embargo, hasta la fecha, dichas listas no fueron enviadas. En consecuencia, la Asamblea procederá con el receso como está previsto en el artículo 153.III de la Constitución, sin la conformación de la comisión, y los “asuntos de urgencia” que puedan surgir serán atendidos conforme a las previsiones constitucionales.

La decisión, no obstante, ha generado fuertes críticas desde diferentes sectores. Tanto el oficialismo como la oposición han señalado que este receso es una estrategia para evitar el debate del Presupuesto General del Estado (PGE) de 2025. Desde el Movimiento al Socialismo (MAS), el senador Luis Adolfo Flores aseguró que no se quiere debatir el presupuesto debido a las críticas que ha recibido, especialmente el aumento a 82.000 millones de bolivianos para las empresas, lo que considera una medida dirigida a financiar campañas políticas para las elecciones generales.

Por otro lado, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Campero, ha calificado la imposición del receso como una muestra de la «incompetencia» del vicepresidente David Choquehuanca y del carácter “dictatorial” del Gobierno. Campero argumenta que la aprobación del Presupuesto General del Estado sin ser tratado previamente en la Asamblea va en contra de lo estipulado en la Constitución, y que, en este caso, el presupuesto debería haber sido sometido a discusión antes de su aprobación.

Con el receso parlamentario ya definido, queda por ver cómo se abordarán los temas urgentes que pudieran surgir en las próximas semanas, especialmente en relación con el PGE, un tema de gran relevancia para el país.

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