El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), Alan Barca, respondió a las amenazas de procesos legales en su contra por parte del asambleísta Andrés Torres, quien lo acusó de incumplimiento de deberes al no tratar el proyecto de ley sobre la redistribución del 45% de las regalías departamentales destinadas a la provincia Gran Chaco.
Barca aclaró que la decisión de no tramitar el proyecto no obedece a intereses políticos, sino a fundamentos técnicos y legales. “La primera vez que presentaron el proyecto, se equivocaron en el título, lo cual debería llamar la atención de sus asesores,” explicó.
Fundamentos técnicos de la decisión
El presidente detalló que la Unidad de Concordancia de la ALDT revisa los aspectos técnicos y legales de los proyectos de ley, y en este caso, solicitó un informe al Servicio Estatal de Autonomías (SEA). Según dicho informe, la ALDT no tiene competencias para redistribuir los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), ya que su labor se limita a administrar el 55% de los fondos que gestiona el Gobierno Departamental.
“¿Cómo vamos a tener la facultad de legislar sobre algo sobre lo cual no tenemos injerencia?” cuestionó Barca, quien subrayó que el 45% restante es legislado exclusivamente por la Asamblea Regional del Chaco.
Rechazo a las acusaciones
Barca también desestimó las acusaciones de bloqueo deliberado del proyecto y explicó que la ALDT opera bajo un sistema de alternancia en su directiva, por lo que, de haber sido un capricho personal, el primer vicepresidente podría haber gestionado el proyecto.
El presidente calificó estas acusaciones como parte de una “judicialización permanente de la política,” y sugirió que quienes lo critican buscan visibilidad ante la falta de resultados en sus respectivas regiones.
