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miércoles, mayo 21, 2025
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La ONU acusa al Gobierno de Maduro de «crímenes de lesa humanidad» en las elecciones de 2024

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La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela presentó un informe de 158 páginas, donde acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de cometer «crímenes de lesa humanidad» antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. El informe cubre el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024.

En el documento, la misión señala a las fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales como responsables de numerosos abusos, como asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual y de género. Las instituciones más involucradas en las violaciones de derechos humanos fueron los servicios de inteligencia civil (SEBIN) y militar (DGCIM), así como la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional. Además, el informe resalta que las autoridades del Estado incitaron la represión y contribuyeron a crear un clima de hostilidad y violencia, especialmente después del 28 de julio.

El Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional y el sistema judicial también fueron señalados por contribuir al incumplimiento de los estándares de transparencia, la aprobación de leyes restrictivas de derechos humanos y la falta de independencia del sistema de justicia.

El informe también destaca que el perfil de las víctimas de represión se amplió significativamente durante el periodo electoral, abarcando no solo a líderes de la oposición y sociales, sino también a ciudadanos comunes que mostraron desacuerdo con el Gobierno o con los resultados de las elecciones. Según la Misión, más de 48 personas fueron detenidas antes de las elecciones por supuestas conspiraciones y 121 durante la campaña electoral por colaborar con actividades de la oposición.

Tras los resultados electorales, el informe indica que las autoridades pusieron en marcha una campaña masiva de detenciones, comparable con las protestas de 2014, 2017 y 2019, que afectó a miles de personas en un intento de reprimir cualquier forma de oposición.

 

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En el documento, la misión señala a las fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales como responsables de numerosos abusos, como asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual y de género. Las instituciones más involucradas en las violaciones de derechos humanos fueron los servicios de inteligencia civil (SEBIN) y militar (DGCIM), así como la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional. Además, el informe resalta que las autoridades del Estado incitaron la represión y contribuyeron a crear un clima de hostilidad y violencia, especialmente después del 28 de julio.

El Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional y el sistema judicial también fueron señalados por contribuir al incumplimiento de los estándares de transparencia, la aprobación de leyes restrictivas de derechos humanos y la falta de independencia del sistema de justicia.

El informe también destaca que el perfil de las víctimas de represión se amplió significativamente durante el periodo electoral, abarcando no solo a líderes de la oposición y sociales, sino también a ciudadanos comunes que mostraron desacuerdo con el Gobierno o con los resultados de las elecciones. Según la Misión, más de 48 personas fueron detenidas antes de las elecciones por supuestas conspiraciones y 121 durante la campaña electoral por colaborar con actividades de la oposición.

Tras los resultados electorales, el informe indica que las autoridades pusieron en marcha una campaña masiva de detenciones, comparable con las protestas de 2014, 2017 y 2019, que afectó a miles de personas en un intento de reprimir cualquier forma de oposición.

 

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En el documento, la misión señala a las fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales como responsables de numerosos abusos, como asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual y de género. Las instituciones más involucradas en las violaciones de derechos humanos fueron los servicios de inteligencia civil (SEBIN) y militar (DGCIM), así como la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional. Además, el informe resalta que las autoridades del Estado incitaron la represión y contribuyeron a crear un clima de hostilidad y violencia, especialmente después del 28 de julio.

El Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional y el sistema judicial también fueron señalados por contribuir al incumplimiento de los estándares de transparencia, la aprobación de leyes restrictivas de derechos humanos y la falta de independencia del sistema de justicia.

El informe también destaca que el perfil de las víctimas de represión se amplió significativamente durante el periodo electoral, abarcando no solo a líderes de la oposición y sociales, sino también a ciudadanos comunes que mostraron desacuerdo con el Gobierno o con los resultados de las elecciones. Según la Misión, más de 48 personas fueron detenidas antes de las elecciones por supuestas conspiraciones y 121 durante la campaña electoral por colaborar con actividades de la oposición.

Tras los resultados electorales, el informe indica que las autoridades pusieron en marcha una campaña masiva de detenciones, comparable con las protestas de 2014, 2017 y 2019, que afectó a miles de personas en un intento de reprimir cualquier forma de oposición.

 

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