La defensa de Maximiliano Dávila, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), ha solicitado una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), argumentando la vulneración de los derechos de Dávila debido a la falta de notificación formal sobre su extradición a Estados Unidos. Manolo Rojas, abogado defensor, destacó que la solicitud de extradición aún no ha sido notificada, lo que impide que Dávila pueda ejercer su derecho a una defensa adecuada.
Según Rojas, el hecho de que no se haya permitido a Dávila defenderse en el ámbito internacional refleja una grave violación a sus derechos humanos. En este sentido, la defensa solicitó la intervención de la CIDH para que envíe un veedor que supervise la situación y verifique las presuntas vulneraciones a las garantías constitucionales del exjefe policial.
El caso de Dávila se remonta a la solicitud del fiscal general del Estado, Róger Mariaca, quien el 8 de noviembre pidió proceder con la extradición de Dávila a Estados Unidos, donde se le acusa de tráfico de drogas y uso de armas de fuego. La solicitud de extradición fue formalizada por Estados Unidos el 10 de octubre, y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia tiene 60 días para notificar a Dávila.
Dávila fue aprehendido el 22 de enero de 2022, cuando intentaba escapar a Argentina por la frontera de Villazón. Inicialmente, fue acusado de ganancias ilícitas, aunque las investigaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA) lo vincularon a una red de narcotráfico en la región, operando principalmente en Bolivia, Perú y Colombia.
