El pasado jueves, el Comité Cívico de Oruro, junto con diversas organizaciones locales, declaró “enemigos de Bolivia” al expresidente Evo Morales y a la dirigencia de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. Esta decisión surge en respuesta a los bloqueos de caminos que han sido liderados por la facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) durante los últimos 18 días.
Durante una reunión en la que participaron el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y diversas organizaciones políticas y plataformas, se resolvió calificar a Morales y a las Seis Federaciones como “organización paramilitar y terrorista”. Los participantes criticaron la “actitud delincuencial” de Morales y sus seguidores, argumentando que sus acciones no tienen en cuenta las consecuencias y buscan únicamente la impunidad para el exmandatario, quien enfrenta acusaciones por delitos graves.
Los cívicos de Oruro rechazaron el bloqueo, calificado de “absurdo”, y señalaron que ha generado pérdidas económicas de más de $1.700 millones. Afirmaron que “todo el conflicto es por la búsqueda irracional de impunidad para un sujeto que es investigado por delitos de estupro y trata y tráfico de personas”. Denunciaron que Morales se niega a someterse a la ley como cualquier ciudadano boliviano.
Además, la dirigencia del Estado Mayor del Pueblo, junto con el senador Leonardo Loza, ha solicitado al Gobierno que levante todos los procesos legales en contra de Morales y garantice su candidatura para las elecciones de 2025. El Gobierno, por su parte, ha calificado estas protestas de “políticas” y las ha vinculado con intereses personales de Morales, a quien considera que “tiene angurria de poder”.
