La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), presidida por Édgar Salazar, ha enviado una solicitud formal a las embajadas de Venezuela, México, Cuba, Nicaragua y Colombia, pidiendo su intervención para mediar un diálogo entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales. Esta solicitud surge en medio de un conflicto que ha provocado bloqueos de caminos desde hace 18 días, generando una crisis económica y social en el país.
Salazar destacó la urgencia de esta mediación, señalando que “la Asamblea de Derechos Humanos ha culminado de entregar las cartas pidiendo a los embajadores, como organismo internacional, puedan generar un mecanismo de diálogo”. El objetivo es prevenir más pérdidas humanas y daños a la comunidad, resaltando que la situación actual está afectando a bolivianos y a la fuerza policial.
El conflicto ha causado pérdidas millonarias y ha dejado heridos, lo que ha llevado a Salazar a instar a ambos líderes políticos a priorizar la vida de los bolivianos sobre sus diferencias. “El gobierno no está pudiendo restaurar el orden en el país, fruto de estos bloqueos”, añadió el presidente de la APDHB.
Los bloqueos han tenido un impacto considerable en Cochabamba, donde se han establecido 19 puntos de bloqueo en las rutas que conectan el occidente y el oriente del país. Entre las demandas de los sectores afines a Evo Morales está el reconocimiento del congreso de Lauca Ñ, que ha declarado a Morales como el único candidato para las elecciones generales de 2025.
Salazar también expresó su indignación por la reactivación de grupos paraestatales, como la Unión Juvenil Cruceñista, que según él, buscan la confrontación. Recordó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recomendó anular este tipo de organizaciones, subrayando la necesidad de mantener la paz.
El presidente Arce, por su parte, advirtió que, si no se levantan los bloqueos, ejercerá sus “facultades constitucionales”. En un contexto de crisis, mencionó que los bloqueos han provocado una pérdida de $1.700 millones en el sector económico, impactando a numerosas familias bolivianas.
