La Fiscalía Departamental de La Paz, encabezada por el fiscal William Alave, ha decidido no activar la alerta migratoria contra el expresidente Evo Morales, en respuesta a la solicitud presentada por los exparlamentarios Amílcar Barral y Yesenia Yarhui.
La petición se basaba en supuestos actos de corrupción ocurridos durante el gobierno de Morales, que incluían casos como el Fondo Indígena y las Barcazas chinas. Sin embargo, la Fiscalía aclaró que en los casos mencionados, Evo Morales no se encuentra en calidad de investigado, lo que hace inviable la activación de la alerta migratoria.
Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS), el diputado Anyelo Céspedes defendió la decisión de la Fiscalía, afirmando que Morales no tiene ninguna demanda en su contra. “Esto quiere decir que Evo Morales puede viajar a donde quiera”, subrayó, instando a sus opositores a enfocarse en competir en las urnas en lugar de intentar desacreditar al líder cocalero con acusaciones infundadas.
La controversia en torno a esta decisión se enmarca en un contexto de crecientes tensiones políticas, especialmente después de que Morales enfrenta una investigación en Tarija por denuncias de delitos graves, tales como estupro agravado y trata de personas.
