El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, ha expresado su preocupación por la “fragilidad institucional” y la “prolongación de funciones judiciales” en Bolivia, tras la suspensión del proceso de elecciones judiciales. Esta medida pone en peligro el derecho de los bolivianos a elegir a sus autoridades judiciales.
A poco más de un mes de las elecciones, el proceso quedó en suspenso tras un fallo de la Sala Constitucional de Pando, que declaró desierta la convocatoria para elegir magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Esta decisión se debió a presuntos incumplimientos en los criterios de equidad de género, plurinacionalidad y representación territorial en la conformación de las listas de candidatos.
Callisaya, a través de sus redes sociales, expresó su inquietud por lo que calificó como un “riesgo de paralización del proceso electoral judicial”. El defensor destacó que este estancamiento profundiza la “fragilidad institucional democrática” del país y advirtió sobre las consecuencias de la prolongación indefinida de los actuales mandatos judiciales. «El derecho político de los bolivianos a elegir a sus autoridades no debe ser limitado», enfatizó Callisaya. También indicó que la falta de renovación de las autoridades judiciales podría llevar a “salidas no democráticas” si no se actúa con responsabilidad y celeridad.
El fallo de la Sala Constitucional de Pando se produjo tras el recurso presentado por María Esther Caero, candidata al TSJ por ese departamento, quien argumentó que las listas de postulantes no cumplían con los requisitos establecidos. Esta situación llevó a la anulación de la convocatoria no solo en Pando, sino en todo el país.
Simultáneamente, otro fallo en el departamento de Beni ha impactado en el proceso electoral. Hugo Vargas, exaspirante al TSJ, presentó un amparo constitucional tras ser inhabilitado, afirmando haber obtenido un alto puntaje en su postulación. Durante la audiencia, el juez Charles Mejía denunció un intento de amedrentamiento por parte de la Policía.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya había advertido sobre el riesgo de paralización en el proceso electoral judicial. Además, existen al menos tres amparos constitucionales adicionales en curso que podrían poner en mayor peligro los comicios programados para el 1 de diciembre.
Callisaya cerró su pronunciamiento subrayando la necesidad de que las autoridades actúen con rapidez y envíen un “mensaje claro y correcto” a la población, para evitar una crisis de confianza en las instituciones democráticas del país.
