La jueza de Sentencia Penal 14° de Santa Cruz, Lilian Moreno Cuéllar, ha estado en el centro de la controversia tras anular la orden de aprehensión emitida contra el expresidente Evo Morales, quien es acusado de estupro y trata y tráfico de personas. Esta decisión ha levantado una serie de cuestionamientos, especialmente considerando el historial laboral de Moreno, que está vinculado al gobierno de Morales.
Entre 2012 y 2016, Moreno ocupó el cargo de jefa del departamento Jurídico y posteriormente se desempeñó como gerente del Servicio de Impuestos Nacionales en la Regional de Santa Cruz. En 2018, asumió la jefatura de la Unidad Jurídica de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE). Poco antes de la renuncia de Morales en 2019, fue designada como jueza de sentencia del distrito judicial de Santa Cruz de la Sierra.
La reciente anulación de la orden de aprehensión fue el resultado de un recurso de “acción de libertad” interpuesto en Santa Cruz, lo que ha generado un escándalo político-judicial. Esta situación se agrava con el hecho de que, tras la emisión de la orden de detención, la fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, denunció su remoción de cargo, al igual que otros dos fiscales involucrados en la investigación contra Morales.
La jueza Moreno es actualmente candidata al Consejo de la Magistratura para las elecciones judiciales previstas para el 1 de diciembre, según informó la Agencia Boliviana de Información (ABI). Sin embargo, su sorpresiva ausencia al trabajo el 3 de octubre ha causado inconvenientes, ya que todas las audiencias programadas para ese día fueron suspendidas. Tanto el Consejo de la Magistratura como el Tribunal Departamental de Santa Cruz han optado por el silencio ante esta situación.
