La atención a mujeres víctimas de violencia en los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) y en las Estaciones Policiales Integrales (EPI) de Tarija enfrenta serias deficiencias que comprometen su protección y acceso a la justicia. Así lo ha denunciado Miriam Ortega, miembro de las promotoras contra la violencia de Tarija, quien expuso las problemáticas que enfrentan las mujeres al buscar ayuda en estas instituciones.
Ortega, junto con su equipo, ha realizado un seguimiento exhaustivo de varios casos, acompañando a las víctimas en sus denuncias en los SLIM y posteriormente en las EPI de la ciudad. «Hemos estado en la EPI Senac, en Morros Blancos, en la EPI Los Chapacos, Lourdes, y estaremos en Moto Méndez para evaluar la atención que se brinda», explicó Ortega.
Uno de los problemas más críticos identificados es la falta de claridad sobre las jurisdicciones de cada EPI, lo que provoca que las víctimas sean enviadas de un lugar a otro sin recibir la atención necesaria. «Mucha gente va a denunciar, por ejemplo, a la EPI de la Loma, pero les dicen que no es su jurisdicción y los remiten a la EPI Senac o a otra EPI», destacó Ortega. Esta situación es especialmente preocupante, ya que muchas víctimas carecen de los recursos necesarios para trasladarse entre diferentes instituciones, lo que a menudo lleva al desistimiento de la denuncia.
