En el reinicio del caso Masacre de Senkata, la expresidenta Jeanine Áñez planteó en audiencia la posibilidad de poner fin al proceso judicial. Esto ocurrió después de que el exministro de Justicia Iván Lima afirmara que el juicio ordinario en curso es producto de un “capricho” del expresidente Evo Morales. Sin embargo, el juez David Kasa rechazó esta solicitud, aclarando que las declaraciones de terceros no son vinculantes para el tribunal.
Durante la audiencia, Áñez expresó: “Quiero plantearles a ustedes que pongan punto final a esta tortura confesada por el exministro Iván Lima. Él ha confesado que estas audiencias inhumanas, que son de doce horas, a veces más, son por presión de Evo Morales. […] somos acusados por capricho y sometidos a un proceso ilegal”.
La exmandataria también argumentó que el tribunal carece de competencia para juzgar a una expresidenta y denunció que la justicia está bajo presión del propio Lima, el procurador del Estado, el ministro de Gobierno y el fiscal general del Estado. Áñez insistió: “(Lima) ha confesado que hagan lo que hagan, este juicio será nulo y llegará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como lo he manifestado desde el comienzo”.
El juez Kasa, por su parte, dejó claro que las declaraciones de personas ajenas al proceso “no son vinculantes”, resaltando que estas son libres de expresar su opinión, pero no pueden influir en el tribunal.
Lima había afirmado el sábado que el caso Senkata, que involucra a Áñez y a otras 17 personas, culminará en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) debido a que fue llevado a juicio ordinario por el “capricho” de Morales.
Áñez recordó que cuando propuso un juicio de responsabilidades en la Asamblea, existían los dos tercios y la voluntad de proceder, pero la intervención de Morales complicó el panorama, transformándolo en un debate sobre juicios ordinarios.
El 2 de septiembre comenzó el juicio oral contra Áñez y 17 exautoridades, acusadas de genocidio por los sucesos del 19 de noviembre de 2019 en la zona de Senkata, en El Alto, donde 10 personas murieron por disparos durante operaciones militares, amparadas por el Decreto Supremo 4078, que eximía a los efectivos de responsabilidades penales por el uso excesivo de la fuerza.
