Ante la grave crisis ambiental generada por los incendios forestales en el oriente de Bolivia, el Gobierno, a través del Decreto Supremo 5225, implementó una pausa ambiental que suspende las autorizaciones para realizar quemas y propone endurecer las sanciones contra quienes provoquen los fuegos.
Sin embargo, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, denunció que ciertos sectores productivos no están acatando la pausa, especialmente pequeños y medianos productores, quienes argumentan que esta medida afecta directamente su capacidad de producción. “No queremos afectar la producción, pero necesitamos normas estrictas para controlar los incendios”, indicó Flores.
La situación es particularmente tensa en Santa Cruz, donde algunos empresarios han realizado bloqueos y amenazado con tomar instituciones en protesta por la pausa ambiental, al considerar que la prohibición de quemas también afectará la seguridad alimentaria del país.
El Gobierno busca solucionar el conflicto mediante el diálogo y ha propuesto regionalizar la pausa ambiental para permitir las quemas en zonas productivas específicas. Aun así, Flores enfatizó la necesidad de normativas más estrictas, al tiempo que se espera la aprobación de créditos en la Asamblea Legislativa para enfrentar los incendios.
Además, el Ejecutivo ha declarado desastre nacional y ha señalado que las tierras afectadas por los incendios no podrán ser distribuidas en los próximos 10 años como medida preventiva para frenar futuros incendios.
