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domingo, mayo 25, 2025
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Asambleístas y Activistas de Tarija Se Adhieren a Acción Popular por Incendios en el Oriente de Bolivia

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La asambleísta departamental de Tarija, Carmen Rosa Valencia, ha anunciado su adhesión a la acción popular interpuesta por la Defensoría del Pueblo en respuesta a los devastadores incendios forestales que afectan el oriente de Bolivia. Esta medida judicial, encabezada por Pedro Calizaya, es la única acción formal que busca enfrentar directamente la crisis ambiental provocada por los incendios, que han dañado gravemente el ecosistema del país.

«Como activistas medioambientales hemos decidido adherirnos a la acción popular», declaró Valencia, enfatizando la falta de otras acciones legales significativas para detener lo que ella califica como un «acto atentatorio» contra el medioambiente. Según la asambleísta, los incendios no solo han provocado un impacto ambiental devastador, sino que también han evidenciado las debilidades en la legislación actual, que según ella facilita la expansión del fuego y la destrucción de áreas protegidas.

La Defensoría del Pueblo, mediante la figura de Pedro Calizaya, fue pionera en dar un paso judicial concreto en relación con los incendios. Esta acción popular tiene como objetivo primordial la abrogación de las leyes que facilitan la quema indiscriminada de tierras, conocidas como «leyes incendiarias».

Valencia destacó la urgencia de la situación, indicando que, a pesar de los esfuerzos de los bomberos y otros grupos de socorro, el problema sigue sin control. «El día de ayer los bomberos volvieron a pedir ayuda», expresó con preocupación, señalando la necesidad de mayor apoyo y atención por parte de las autoridades y la sociedad en general para combatir la emergencia que sigue activa en varias regiones del país.

El pliego petitorio de la acción popular exige una respuesta firme y eficaz por parte del Estado, solicitando la derogación de normativas que permiten la expansión de áreas agrícolas mediante la quema de bosques. Valencia expresó su esperanza de que esta acción judicial tenga un impacto real y logre los cambios necesarios para proteger el medioambiente. «Esperamos que esta acción popular sea efectiva», concluyó, subrayando que la defensa de la naturaleza debe ser una prioridad compartida por todos los bolivianos.

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«Como activistas medioambientales hemos decidido adherirnos a la acción popular», declaró Valencia, enfatizando la falta de otras acciones legales significativas para detener lo que ella califica como un «acto atentatorio» contra el medioambiente. Según la asambleísta, los incendios no solo han provocado un impacto ambiental devastador, sino que también han evidenciado las debilidades en la legislación actual, que según ella facilita la expansión del fuego y la destrucción de áreas protegidas.

La Defensoría del Pueblo, mediante la figura de Pedro Calizaya, fue pionera en dar un paso judicial concreto en relación con los incendios. Esta acción popular tiene como objetivo primordial la abrogación de las leyes que facilitan la quema indiscriminada de tierras, conocidas como «leyes incendiarias».

Valencia destacó la urgencia de la situación, indicando que, a pesar de los esfuerzos de los bomberos y otros grupos de socorro, el problema sigue sin control. «El día de ayer los bomberos volvieron a pedir ayuda», expresó con preocupación, señalando la necesidad de mayor apoyo y atención por parte de las autoridades y la sociedad en general para combatir la emergencia que sigue activa en varias regiones del país.

El pliego petitorio de la acción popular exige una respuesta firme y eficaz por parte del Estado, solicitando la derogación de normativas que permiten la expansión de áreas agrícolas mediante la quema de bosques. Valencia expresó su esperanza de que esta acción judicial tenga un impacto real y logre los cambios necesarios para proteger el medioambiente. «Esperamos que esta acción popular sea efectiva», concluyó, subrayando que la defensa de la naturaleza debe ser una prioridad compartida por todos los bolivianos.

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La Defensoría del Pueblo, mediante la figura de Pedro Calizaya, fue pionera en dar un paso judicial concreto en relación con los incendios. Esta acción popular tiene como objetivo primordial la abrogación de las leyes que facilitan la quema indiscriminada de tierras, conocidas como «leyes incendiarias».

Valencia destacó la urgencia de la situación, indicando que, a pesar de los esfuerzos de los bomberos y otros grupos de socorro, el problema sigue sin control. «El día de ayer los bomberos volvieron a pedir ayuda», expresó con preocupación, señalando la necesidad de mayor apoyo y atención por parte de las autoridades y la sociedad en general para combatir la emergencia que sigue activa en varias regiones del país.

El pliego petitorio de la acción popular exige una respuesta firme y eficaz por parte del Estado, solicitando la derogación de normativas que permiten la expansión de áreas agrícolas mediante la quema de bosques. Valencia expresó su esperanza de que esta acción judicial tenga un impacto real y logre los cambios necesarios para proteger el medioambiente. «Esperamos que esta acción popular sea efectiva», concluyó, subrayando que la defensa de la naturaleza debe ser una prioridad compartida por todos los bolivianos.

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