Gonzalo Calderón, presidente de la Urbanización Los Ángeles y representante de la organización de Personas con Discapacidad de Tarija, ha expresado su firme oposición al posible aumento de las tarifas del transporte público. Calderón destacó que esta medida vulnera los derechos de las personas con discapacidad, quienes, a pesar de contar con una ley que les ampara, se ven obligadas a pagar la tarifa completa, bajo la amenaza de ser expulsadas del vehículo si se niegan a hacerlo.
“Nosotros tenemos una ley que no se respeta por el sector del transporte. Nos cobran el pasaje completo y, si no pagamos, nos bajan de la movilidad”, afirmó Calderón. Esta situación ha generado frustración entre las personas con discapacidad, quienes, a pesar de estar protegidas por normativas que garantizan tarifas reducidas o exenciones, se enfrentan a la negativa de los transportistas, quienes alegan no recibir subsidios estatales por transportar a este grupo.
El malestar no se limita a las personas con discapacidad; los vecinos de la Urbanización Los Ángeles también se oponen a la medida y consideran que la falta de respuesta de las autoridades y el sector transporte es inaceptable. Calderón informó que se están reuniendo con la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) de Cercado para coordinar posibles acciones de protesta. “Nos estamos organizando con Fejuve Cercado y podríamos salir en marcha o tomar otras medidas de presión”, declaró.
La posibilidad de un incremento en el costo del transporte público ha generado inquietud en la población, especialmente entre los sectores más vulnerables, como las personas con discapacidad, quienes ven en esta medida una amenaza a su movilidad y desarrollo personal. Con el respaldo de la Fejuve Cercado, no se descartan futuras movilizaciones para exigir el cumplimiento de las leyes que protegen a este sector de la población.
Este conflicto resalta la necesidad urgente de una mayor fiscalización de las normativas que amparan a las personas con discapacidad y la importancia de un diálogo abierto entre las autoridades, el sector transporte y los ciudadanos afectados, para evitar que los sectores más vulnerables sigan siendo perjudicados.
