Este miércoles, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, confirmó que la distribución de recursos basada en los resultados del censo de 2024 se aplicará a partir de septiembre, a pesar del descontento que ha generado en algunos sectores.
Montenegro aclaró que la ley exige la distribución de recursos desde el mes de septiembre, sin importar la aceptación o rechazo de los resultados del censo. “Sobre la distribución de recursos, la ley establece que desde septiembre se debe realizar esta distribución, eso es independiente del descontento o simplemente de la aceptación de los resultados. Se tiene que cumplir la ley,” afirmó Montenegro en una declaración a los medios.
La polémica en torno al censo ha llevado a Santa Cruz a denunciar un presunto “fraude” que afectaría a cientos de miles de habitantes en la región y en el país. Como respuesta, el Comité pro Santa Cruz ha convocado a un paro cívico de 24 horas el 6 de septiembre, según la decisión de la Asamblea Extraordinaria de la Cruceñidad.
Simultáneamente, la Asamblea de la Paceñidad ha declarado estado de emergencia y exige una auditoría técnica internacional al proceso censal, alegando que los resultados del censo son “equívocos, dudosos y contradictorios”.
Montenegro subrayó que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha abierto espacios para la consulta de los resultados del censo y expresó su pesar por las protestas que se han iniciado sin que se hayan considerado las explicaciones técnicas proporcionadas. “El INE está presto a escuchar todas las dudas y consultas respecto a los resultados del censo,” aseguró Montenegro.
De acuerdo con los datos del censo 2024, Bolivia tiene una población de 11.312.620 habitantes. Santa Cruz es el departamento más poblado, con 3.115.386 habitantes, seguido de La Paz con 3.022.000 y Cochabamba con 2.005.000.
