La Subgobernación de El Puente ha tomado una medida crucial para la protección de la salud pública al prohibir el uso del agua del río San Juan del Oro para consumo humano, luego de confirmar su contaminación con metales pesados. Esta contaminación, atribuida a la actividad minera en el departamento de Potosí, ha generado preocupación entre las autoridades locales y la población.
El subgobernador de El Puente, Daniel Osorio, informó que el uso del agua de este río se ha autorizado únicamente para riego agrícola, con el objetivo de minimizar los riesgos para los habitantes de la región. “En esta época de estiaje, hemos recomendado el uso del recurso hídrico de este afluente solamente para uso agropecuario. Sin embargo, estamos colaborando para garantizar el agua para consumo humano”, declaró Osorio.
La situación se agravó el pasado 21 de julio, cuando un derrame de lodos procedentes de la Cooperativa Minera de Esmoraca, en Potosí, incrementó los niveles de contaminación en el río, lo que obligó a la Subgobernación a implementar medidas más estrictas. Osorio subrayó que, tras identificar el peligro, se ha solicitado a los agricultores que utilicen el agua del río exclusivamente para riego, enfatizando que la situación es grave y no se puede comprometer la salud de la comunidad.
En un esfuerzo por proteger a los residentes, la Subgobernación de El Puente ha coordinado con la Gobernación de Tarija para emprender acciones legales contra las empresas responsables de la contaminación. La Gobernación ha actuado con rapidez, presentando denuncias legales y asegurando que las operaciones mineras cumplan con las normativas ambientales.
Las autoridades de Potosí, junto con el Gobierno Nacional, han sancionado a la empresa involucrada por operar sin licencia ambiental y han suspendido las actividades de aquellos que no cuentan con la autorización correspondiente. Esta intervención ha sido vista como un avance importante para la protección del medio ambiente y la salud pública en la región.
Osorio destacó la necesidad de una vigilancia continua para evitar futuros incidentes que pongan en riesgo los recursos hídricos y la seguridad de las comunidades que dependen de ellos.
