El Gobierno Autónomo Departamental de Tarija ha activado un protocolo de emergencia en respuesta a un grave incidente de contaminación en el río San Juan del Oro, originado en las cabeceras del río en Tupiza, departamento de Potosí. La situación ha puesto en evidencia las preocupantes prácticas mineras que están afectando directamente la calidad del agua que fluye hacia territorio tarijeño, desencadenando una serie de acciones por parte de las autoridades locales y regionales.
Efraín Rivera, Secretario de Desarrollo Productivo Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Gobernación de Tarija, confirmó esta lamentable noticia. Señalando que el origen del problema parece ser una cooperativa minera aurífera ubicada en las cabeceras del río.
El incidente pone de manifiesto un problema recurrente en la industria minera de la región: la falta de infraestructura adecuada para el manejo de residuos.
“Estas cooperativas, como lo hemos denunciado hace bastante tiempo, tienen grandes problemas en lo que son los diques de cola. Al no contar con diques de cola, producen roturas y lo que hacen es contaminar porque nos mandan el lodo y todos los residuos minerales” explicó Rivera.
La gravedad de la situación se hace evidente al examinar las imágenes satelitales del área afectada. Rivera mostró una imagen que revela la magnitud del problema: “Pueden ver en la imagen satelital, esto es lo que tenemos, más o menos un kilómetro donde tenemos una actividad minera. Si ustedes se fijan, el campamento, y esta actividad minera prácticamente está emplazada en un kilómetro, pero al medio del río”.
Esta ubicación de la actividad minera es particularmente alarmante. Rivera enfatizó: “Ustedes se imaginan una actividad minera haciendo el lavado de minerales al medio del río. Lamentablemente, esta es una irresponsabilidad”. La práctica no solo viola las normativas ambientales básicas, sino que también pone en riesgo directo todo el ecosistema fluvial y las comunidades que dependen de él.
Ante esta situación, la Gobernación de Tarija ha tomado medidas inmediatas. “Le estamos mandando notas a la AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera), que es la autoridad ambiental y la que genera las licencias. Le hemos mandado al Ministerio de Minería, al Viceministerio de Medio Ambiente, hemos mandado las notas a la gobernación del departamento de Potosí, al de Chuquisaca, y hemos activado inmediatamente el protocolo de la Gobernación de Tarija” aseveró Rivera.
El impacto visual de la contaminación ha sido notable, la coloración anormal del agua es un indicador claro de la presencia de contaminantes minerales en concentraciones peligrosas. “Antes de ayer, las aguas han estado prácticamente café, en estado de otro color. Ustedes pueden ir viendo las imágenes, el color del agua que tiene, color café marrón medio rojo”.
Como parte de la respuesta a esta crisis, la Gobernación ha iniciado un proceso de muestreo y análisis del agua. “Hemos tomado el día de ayer ya las muestras en las comunidades del municipio de Yunchará y en el municipio de El Puente, en las comunidades de Verdiguera, Ovando, Carrizal y Carretas”, informó Rivera. Estas muestras fueron enviadas inmediatamente al laboratorio de la Universidad Juan Misael Saracho para su análisis, con el objetivo de determinar la naturaleza y extensión de la contaminación.
Además del muestreo, se ha formado una comisión de inspección in situ para evaluar directamente la situación en el origen del problema. Rivera detalló la composición de esta comisión: “Se han ido el Subgobernador de Yunchará, el alcalde de Yunchará, los secretarios ejecutivos de las comunidades, han ido representantes del municipio de El Puente, y también del técnico del municipio de la subgobernación de El Puente”.
La Gobernación también ha buscado apoyo a nivel nacional. “Hemos mandado también la nota a la senadora Gladys Alarcón, que es una senadora que representa prácticamente a esos dos municipios, para que ella interponga sus buenos oficios ante la Comisión ambiental en el Senado y podamos llegar hasta el Ministerio de Medio Ambiente” mencionó Rivera.
El objetivo de estas acciones es claro: “Tomar de una sola vez este tipo de acciones. No podemos nosotros tener estos problemas de derrames con minerales, con desechos minerales, y obviamente todos los problemas que causa a la agricultura y además el consumo de agua tanto para animales”, enfatizó Rivera.
La situación plantea serias preguntas sobre la legalidad de la operación minera en cuestión. Rivera cuestionó: “Una licencia ambiental no se puede dar para que una actividad minera trabaje en medio del río. O sea, tienen que hacerlo afuera de lo que es el medio del río”. Esta observación sugiere que podría haber irregularidades en la concesión de permisos para esta operación minera.
Rivera advirtió sobre las posibles consecuencias legales: “Vamos a ver si tiene licencia ambiental. Si no tiene licencia ambiental, ya es un delito grave. Hay que empezar a trabajar primero pasándole un proceso administrativo económico y segundo un proceso penal” culminó.
