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lunes, abril 28, 2025
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Víctimas de pederastia en Bolivia exigen declaración de autoridades del Vaticano ante la justicia

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La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes ha solicitado que las máximas autoridades jesuitas de Roma, Arturo Sosa y Claudio Paul, comparezcan ante la Fiscalía para declarar sobre los casos de pederastia perpetrados por curas contra menores en Bolivia. Este llamado surge tras la revelación de un informe del diario El País, que expone cómo el Vaticano habría solicitado a los jesuitas en Bolivia ocultar un diario escrito por el pedófilo Luis Roma, donde se detallan sus abusos a niños.

El pedido de las víctimas apunta a que Sosa, superior general de la Compañía de Jesús, y su asistente Claudio Paul, sean investigados por encubrimiento agravado y por obstaculización de la investigación judicial. Las víctimas acusan que estos altos funcionarios no solo estaban al tanto de los abusos cometidos por Roma y otros pederastas, sino que también ordenaron la ocultación de archivos y documentos relacionados con las investigaciones internas y el propio diario del abusador.

El pronunciamiento de los sobrevivientes también denuncia que Sosa ha guardado silencio para proteger a los jesuitas involucrados y preservar el prestigio de la institución. La comunidad de víctimas sostiene que este encubrimiento es una política global de la Compañía de Jesús, orientada a proteger a los miembros de la orden religiosa a expensas de la justicia y la verdad.

“Solicitamos a la Fiscalía que estos dos sujetos sean convocados para declarar ante la justicia,” reza el pronunciamiento de las víctimas. La sociedad boliviana y la comunidad internacional deben conocer la verdad detrás de estos graves hechos, que afectan a la integridad de las instituciones religiosas y la confianza pública.

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El pedido de las víctimas apunta a que Sosa, superior general de la Compañía de Jesús, y su asistente Claudio Paul, sean investigados por encubrimiento agravado y por obstaculización de la investigación judicial. Las víctimas acusan que estos altos funcionarios no solo estaban al tanto de los abusos cometidos por Roma y otros pederastas, sino que también ordenaron la ocultación de archivos y documentos relacionados con las investigaciones internas y el propio diario del abusador.

El pronunciamiento de los sobrevivientes también denuncia que Sosa ha guardado silencio para proteger a los jesuitas involucrados y preservar el prestigio de la institución. La comunidad de víctimas sostiene que este encubrimiento es una política global de la Compañía de Jesús, orientada a proteger a los miembros de la orden religiosa a expensas de la justicia y la verdad.

“Solicitamos a la Fiscalía que estos dos sujetos sean convocados para declarar ante la justicia,” reza el pronunciamiento de las víctimas. La sociedad boliviana y la comunidad internacional deben conocer la verdad detrás de estos graves hechos, que afectan a la integridad de las instituciones religiosas y la confianza pública.

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El pedido de las víctimas apunta a que Sosa, superior general de la Compañía de Jesús, y su asistente Claudio Paul, sean investigados por encubrimiento agravado y por obstaculización de la investigación judicial. Las víctimas acusan que estos altos funcionarios no solo estaban al tanto de los abusos cometidos por Roma y otros pederastas, sino que también ordenaron la ocultación de archivos y documentos relacionados con las investigaciones internas y el propio diario del abusador.

El pronunciamiento de los sobrevivientes también denuncia que Sosa ha guardado silencio para proteger a los jesuitas involucrados y preservar el prestigio de la institución. La comunidad de víctimas sostiene que este encubrimiento es una política global de la Compañía de Jesús, orientada a proteger a los miembros de la orden religiosa a expensas de la justicia y la verdad.

“Solicitamos a la Fiscalía que estos dos sujetos sean convocados para declarar ante la justicia,” reza el pronunciamiento de las víctimas. La sociedad boliviana y la comunidad internacional deben conocer la verdad detrás de estos graves hechos, que afectan a la integridad de las instituciones religiosas y la confianza pública.

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