En respuesta a las amenazas lanzadas por el narcotraficante Sebastián Marset contra jueces y fiscales involucrados en su caso, la Policía de Paraguay ha incrementado las medidas de seguridad para proteger a las autoridades judiciales. El ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, anunció la implementación de un «plan de seguridad» para los funcionarios judiciales implicados en la investigación de Marset.
Riera declaró que se comunicará personalmente con cada uno de los involucrados para garantizarles una «cobertura especial», que incluye cambios en sus rutas diarias y vigilancia continua frente a sus hogares. Estas medidas se toman en el contexto de reuniones previas con jueces y fiscales de Alto Paraná, donde se establecieron mecanismos básicos de seguridad.
«Está demostrado que Marset mueve mucho dinero y tiene mucha influencia», afirmó Riera, subrayando la necesidad de proteger a los funcionarios judiciales de posibles represalias.
Las amenazas de Marset se hicieron públicas en una entrevista con el programa uruguayo Santo y Seña, donde el narcotraficante aseguró que «se encargará» de los jueces paraguayos que investigan a su esposa, Gianina García Troche. Marset afirmó que su esposa es inocente y que buscará destituir a la jueza y la fiscal involucradas en su caso.
Por otro lado, el ministro Riera rechazó la versión de Marset sobre la «entrega» voluntaria de García Troche a la Policía española. Según Riera, las filmaciones muestran que García Troche fue detenida mientras hacía fila en un aeropuerto, lo que contradice la narrativa del narcotraficante.
Marset, quien sigue prófugo, ha sostenido que su esposa es perseguida injustamente debido a su relación con él y que no es una delincuente. Sin embargo, las autoridades paraguayas y españolas continúan investigando su conexión con el narcotráfico.
Estas acciones subrayan la gravedad de la situación y la determinación del gobierno paraguayo de garantizar la seguridad de sus funcionarios judiciales frente a las amenazas del crimen organizado.