La vicepresidenta de la Brigada Parlamentaria de Tarija, la diputada por Comunidad Ciudadana (CC), Esther Sánchez, informó a El Andaluz que envió una nota al gobierno para que puedan participar de la reunión convocada para el 10 de julio para abordar la problemática de la actividad minera ilegal en el departamento.
Indicó que la carta se mandó al ministro de Minería y recibieron una respuesta, confirmando su participación y que se hará presente el viceministro de Minería. Mencionó que también se convoca a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) nacional y de Tupiza para que presenten un informe en la reunión en la Brigada Parlamentaria de Tarija.
Sánchez dijo que también se invita a la reunión a autoridades de la gobernación de Tarija y a autoridades de gobiernos municipales de la zona alta de Tarija. Será una reunión interinstitucional y se realizará el sábado, debido a la agenda ocupada de las autoridades durante la semana.
Son varias las autoridades que denunciaron que se registra actividad minera ilegal en el departamento y que en algunos casos generan contaminación. Según la diputada Esther Sánchez, del 100% de la actividad minera que se registra en el departamento de Tarija, se estima que alrededor del 90% se realiza de manera ilegal.
“El departamento de Tarija no percibe regalías mineras por la actividad que se realiza de manera ilegal”, lamentó Sánchez. Mencionó que la actividad minera que paga regalías y que se desarrolla de manera legal, en su mayoría, es de minerales no metálicos, como la explotación de yeso, cal, piedra caliza, entre otros.
Recordó que existen denuncias sobre la extracción ilegal de minerales en la zona alta de Tarija, en el río San Juan del Oro, por la comunidad de Paicho, donde estaría operando una empresa china.
Contaminación
La legisladora indicó que se tomaron muestras de las aguas en la comunidad de San Pedro y en la comunidad de Sausalito Pueblo Viejo en el municipio de Yunchará. En las muestras tomadas en la comunidad de San Pedro, el análisis de laboratorio indicó una clasificación “D” y se identificó la presencia de metales pesados.
Para que esas aguas puedan usarse para consumo humano, animal o para riego deben ser tratadas adecuadamente. En las aguas se identificó la presencia de cromo hexavalente, antimonio, cobre, arsénico, estaño, cadmio, cianuro libre, mercurio, plomo. De estos metales pesados, cromo hexavalente y arsénico están catalogados como cancerígenos.
Sánchez mencionó que el estudio se realizó en 2022 y los resultados se entregaron a la alcaldía de Yunchará en 2023. La legisladora solicitó información a la gobernación de Tarija sobre otros estudios realizados sobre el nivel de contaminación en las aguas del río San Juan del Oro. También pedirá información al Ministerio de Salud y Deportes sobre las enfermedades pulmonares y cáncer, para evaluar la situación actual por municipio en el departamento de Tarija.
En las últimas semanas, la gobernación informó sobre acciones respecto a la actividad minera, incluyendo inspecciones y otras medidas. La alcaldesa del municipio de El Puente, Sara Armella, también pidió un mayor control.
Sánchez instó a la gobernación y a la alcaldía de El Puente a denunciar a las empresas que estarían trabajando ilegalmente y a aquellas que, aunque tienen autorización, afectan al medio ambiente. Señaló que deben presentarse como víctimas y hacer que se procesen a esas empresas y se suspenda la actividad.
La legisladora aclaró que no está en contra de la actividad minera, pero subrayó que en muchos casos no se realiza de manera adecuada, lo que genera preocupación. Recalcó que el Ministerio de Minería y el Ministerio de Medio Ambiente ya deberían haber asumido acciones.
