El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, ha hecho un llamado urgente ante lo que describe como una situación de «fragilidad institucional» en Bolivia. Desde su perspectiva, esta fragilidad se evidencia en la incapacidad del Estado para resolver diversas necesidades sociales, exacerbadas tras la asonada militar del 26 de junio.
En declaraciones recientes en Cochabamba, Callisaya subrayó que la democracia boliviana enfrenta desafíos significativos, incapaz de satisfacer demandas urgentes como el acceso a la salud, medicamentos y el impacto del aumento de insumos básicos. Estos problemas, según él, contribuyen a la incertidumbre y la falta de tranquilidad entre la población.
El Defensor del Pueblo enfatizó la necesidad urgente de un acuerdo nacional liderado por el Estado y sus gobernantes. Este acuerdo, argumentó, es crucial para proporcionar estabilidad durante este período crítico en el país.
Callisaya también expresó preocupación por la situación de las elecciones judiciales, lamentando la obstaculización que impide elegir nuevas autoridades. Insistió en la importancia de resolver esta incertidumbre para restaurar la confianza pública en las instituciones judiciales.
Su llamado refleja una llamada de atención sobre los desafíos actuales que enfrenta Bolivia y la necesidad imperiosa de acciones concertadas para fortalecer las instituciones democráticas y responder efectivamente a las demandas ciudadanas.
