La sentencia dictada el 10 de junio de 2022, que condenó a la expresidenta Jeanine Áñez por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, en el caso denominado «golpe de Estado II», ha sido ejecutoriada. Esto significa que Áñez deberá cumplir la pena impuesta de 10 años en el penal de Miraflores.
A pesar de que Añez apeló la sentencia, su recurso fue rechazado, obligando a su defensa a activar el recurso de casación. Este recurso fue llevado ante el Tribunal Supremo de Justicia en Sucre, la última instancia de apelación, que ratificó la condena contra la expresidenta.
El abogado Luis Guillen, defensor de Jeanine Áñez, señaló que la sentencia ejecutoriada corresponde al proceso por resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado e incumplimiento de deberes, siendo este el único proceso concluido contra la exmandataria. Guillen cuestionó que, inicialmente, el proceso se limitó al ejercicio de Áñez como senadora, pero la sentencia acabó incluyendo su asunción presidencial.
Asimismo, denunció que el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz fue conformado específicamente para juzgar a Añez y que en la actualidad se encuentra desintegrado. Ante esta situación, anunció que acudirán nuevamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado boliviano.
Guillen afirmó que han agotado todos los recursos internos y están preparando una demanda internacional por vulneraciones al debido proceso, al juez natural y otras irregularidades en el caso. Recordó que la primera demanda contra el Estado boliviano fue por la aprehensión «indebida» en el caso «golpe I», donde se investigó el delito de terrorismo.
Ahora, pretenden acudir nuevamente a la CIDH por el procedimiento en la sentencia ejecutoriada de 10 años de cárcel, donde declararon a Áñez culpable por los delitos mencionados, supuestamente cometidos al asumir la presidencia del Senado y luego la presidencia de Bolivia en noviembre de 2019.
